Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2019.- Al menos nueve universidades del país están en riesgo en su continuidad de operaciones en lo que resta del año y requieren en total de al menos cinco mil millones de pesos adicionales al presupuesto anual.
De acuerdo con el diario “La Jornada”, aunque recibieran esos fondos extra, equivalentes al financiamiento público que tendrán los siete partidos políticos nacionales en 2020, a las universidades no les alcanzaría para solventar el déficit que acumulan –16 mil 677 millones de pesos–, producto de problemas estructurales gestados hace décadas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
El año pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suministró dos mil 309 millones de pesos extraordinarios a ocho de estas instituciones.
De acuerdo con el portal de rendición de cuentas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las universidades a las que se les otorgaron recursos extraordinarios son las autónomas de Sinaloa (304 millones), de Nayarit (166 millones), de Zacatecas (250 millones) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH, 500 millones), del estado de Morelos (408 millones), del estado de México (250 millones), Benito Juárez de Oaxaca (51 millones) y Juárez Autónoma de Tabasco (380 millones).
La autónoma de Chiapas resolvió sus apuros con financiamiento del gobierno estatal.
Con esos fondos adicionales, las universidades, que en conjunto atienden a unos 340 mil estudiantes de licenciatura, pagaron aguinaldos, nóminas y adeudos de los últimos meses de 2018.
En enero se anunció que la transferencia de efectivo era una medida que la administración federal tomaba por única vez. Las instituciones se comprometieron con el gobierno a resolver de fondo sus problemas financieros, e implementaron esquemas de austeridad presupuestal y transparencia. Durante el año han informado a las autoridades de los avances logrados.
Pese a ello, este año, según sindicatos y trabajadores universitarios, hay instituciones que no cuentan con recursos para pagar a sus empleados a partir de octubre.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la ausencia de un mecanismo de planificación eficaz ha generado tensiones alrededor de la asignación de financiamiento y la capacidad de respuesta de las universidades públicas ante las necesidades regionales y locales.
La Anuies y la SEP consideran que la respuesta a la crisis pasa por el diseño de estrategias para la atención, a corto y mediano plazos.
En enero plantearon que a partir de 2019 se concretará la reforma estructural necesaria en cada universidad para encarar las causas de su quiebra, entre las que están el pago de pensiones y jubilaciones con prestaciones no reconocidas por la SHCP y la SEP.
Los rectores han planteado que por años ha crecido la matrícula de alumnos atendida, sin que esto haya sido acompañado por mayores recursos en infraestructura y contratación de docentes, por lo que también hay un déficit financiero en plantilla docente no reconocida.
Además, según un análisis de rectores y la Anuies, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se plantea un recorte presupuestal de 0.59 por ciento para instituciones públicas de educación superior, lo que limitaría mucho su operación.
Los rectores han expuesto que buscarán que sus instituciones sean beneficiadas con una parte de los dos mil 400 millones de pesos que la SEP les ha anunciado que solicitará para las universidades con déficit económico. Para otorgarlos, les han indicado que se verificarán los esfuerzos que han hecho en austeridad y transparencia.
En tanto, los sindicatos universitarios han anunciado protestas ante la posibilidad de que algunas de las universidades no tengan a tiempo los recursos necesarios para cubrir el pago de sus nóminas y prestaciones, como ocurrió el año pasado o el anterior.
