Redacción/Estado 20.
Oaxaca de Juárez, Oax., 31 de mayo de 2022.- Para dar cuenta del abandono institucional que viven las policías en México, Causa en Común realizó el informe “La situación de las policías 2018-2022”, trabajo que agrupa diversas investigaciones realizadas por la organización.
Para discutir los resultados del estudio, se convocó a un foro con especialistas en seguridad. Participaron Miguel Garza Flores, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Alexandra Zapata Hojel, investigadora y activista; Martín Carlos Sánchez Bocanegra, presidente de la Red Impulsando la Justicia; Rodrigo Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad del Estado de México, y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
Durante el actual gobierno, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se ha estancado y el Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) fue eliminado.
Además, se ha constatado la precariedad laboral de los policías, quienes trabajan turnos de 24 horas o más, sin sueldos y prestaciones adecuados, no cuentan con equipamiento ni capacitación suficientes y, en algunos casos, soportan tratos denigrantes y violencia al interior de sus corporaciones.
Lo anterior explica que, en el actual sexenio se hayan registrado al menos 129 paros, 51 emplazamientos a paro y 73 manifestaciones de policías en la mayoría de los estados del país. Además, de acuerdo a registros periodísticos, en lo que va del sexenio se han contabilizado al menos 1,556 asesinatos de policías, lo que significa más de uno al día en promedio.
En contrapartida, la militarización de la seguridad pública y de otras funciones civiles avanza sin pausa y sin resultados. En el actual sexenio, se ha incrementado el despliegue de las Fuerzas Armadas, al tiempo que se incrementan sus presupuestos y se abusa de su lealtad endilgándoles innumerables funciones que corresponden al ámbito civil. Cabe subrayar que este fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las corporaciones de policías.
En su participación, Miguel Garza Flores comentó que “el estilo militar que se imprime en la policía es muy dañino y transmite un mensaje parecido a la opresión, a la obediencia ciega y eso es lo que tiene así a la policía.
Esa obediencia los hace aceptar mala paga, y malos horarios y no les permite ver que son profesionales que no merecen ningún maltrato, que merecen un sueldo digno, que le apliquen todo lo que marca la ley federal del trabajo, que para las policías no aplica.”
En tanto, Alexandra Zapata Hoje mencionó: “A los policías les estamos fallando todos los días, son carne de cañón de un sistema absolutamente disfuncional. Debemos de trabajar muchísimo en cambiar la percepción que tenemos y generar una relación con más empatía y respeto con los policías.”
Martín Carlos Sánchez Bocanegra afirmó que hace 6 años se habían mejorado las condiciones de un salario digno a las policías, pero con la militarización se ha tenido un retraso de 10 años: “es prioritario abordar el modelo policial para después atender la prevención del delito e incrementar los niveles de seguridad pública.”
Rodrigo Martínez-Celis Wogau se refirió al problema del presupuesto. Explicó que: “existe un andamiaje legal que dificulta tareas como la desincorporación de patrullas y equipo obsoleto, así como la mejora de salarios y la coordinación territorial”.
Las leyes indican que todos (federación, estados y municipios) son responsables de la seguridad pública, sin definir ámbitos precisos, entonces se deja el problema abierto y nadie es realmente responsable. También dijo que: “hay mecanismos de supervisión que se han pervertido y generan falta de confianza entre las policías al momento de usar la fuerza”.
En su participación, María Elena Morera afirmó que la situación que enfrentan las corporaciones policíacas “es aún peor que la que enfrentaban hace algunos años, más aún cuando el proyecto militarista de este gobierno avanza en detrimento de la seguridad y la protección institucional de los policías del país”.
Señaló que, “se requiere de presupuesto para fortalecer las capacidades de las policías, que gocen de un salario digno, que cuenten con mejor equipamiento y con mayor profesionalización, y que tengan garantizados otros derechos laborales como prestaciones, seguro de vida y acceso a la seguridad social”.
