Gibrán Ramírez Reyes*
Salvo en Nuevo León, la sequía y la escasez de agua no se ha visibilizado suficientemente, aunque se trate de una auténtica emergencia nacional desde 2021. Esto se debe, desde luego, a las condiciones socioeconómicas. La política asigna valor a los cuerpos y a los dolores.
Lo que en Ecatepec es un problema crudamente normalizado por varios años, se convierte en escándalo de prensa si Monterrey comienza a vivirlo mínimamente.
¿Tendremos que esperar a que las zonas ricas del país tengan que reutilizar el agua igual que sucede en las colonias pobres de México para que la emergencia tome su justa dimensión?
En no pocos municipios del país es normal reutilizar el agua de una forma que sigue siendo impensable para las clases privilegiadas: con la misma se baña, se lava la ropa, después los trastes, y solo en última instancia se desecha en las tazas de baño o lavando patios.
La sequía es peor en Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Aguascalientes. En esos estados, más de 80 por ciento de los municipios experimentan sequías de moderadas a excepcionales.
Esta condición se suma a la falta de fertilizantes y profundizará la carestía y la crisis del campo. El problema tiene todo el potencial para generar violencia en el corto plazo.
O ya la ha generado, pero no hemos ajustado la lupa para verlo con claridad. La semana pasada, por ejemplo, un grupo armado tomó las instalaciones de la empresa de vinos Casa Madero para apoderarse de su red de distribución de agua.
De nuevo: lo vemos porque lo denuncia la parte dominante de la estructura social. Sin embargo, por años, pueblos han sido desplazados para explotar sus recursos minerales y para ocupar su agua en proyectos que devastan el ecosistema.
Mientras miramos hacia otro lado, hay comunidades rotas a propósito para talar sus árboles, saquear sus pozos y vender el agua en Ecatepec o donde haga falta.
Como ha mostrado el diputado Daniel Sibaja, en el Estado de México se huachicolea el agua en las narices de las autoridades y se vende después “barata” a la población a la que se le debería garantizar como derecho fundamental.
El resultado es que la gente termina patrocinando y abrazando a sus verdugos, alimentando la lógica del despojo y la extorsión sin apenas advertirlo. Para generar bienestar, antes que las transferencias monetarias, se necesita garantizar el acceso de las personas a elementos físicos que son indispensables para la vida: agua potable, alimentación y energía, cuando menos.
El problema tiene solución, desde luego, pero implicaría reorganizar al país territorialmente, reubicar estratégicamente algunas industrias, con las consecuencias demográficas y laborales que eso implica, requisar parcial o totalmente algunas concesiones de agua —una auténtica reforma territorial.
Dejemos de lado su condición de derecho humano, si eso es necesario para que partidos y gobernantes volteen a ver: el agua será, quizá, el principal problema de gobernabilidad de México.
Las elecciones de este año terminaron. El próximo ciclo electoral empieza en septiembre. ¿Será que por lo menos en junio, julio y agosto podamos hablar un poco del país?
*Doctor en ciencia política por la UNAM.
@gibranrr
