Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de septiembre de 2019.- A pesar de no haber sido vinculados a proceso por el juez de la causa, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca mantiene la denuncia en contra de Gabriela Jiménez y Vicente Manzo, acusados de extorsión, al ocupar por 17 días tres inmuebles para exigir espacios para supuestos estudiantes.
Los integrantes del Bloque de Estudiantes Anarquistas Socialistas (BEAS) ocuparon en ese lapso instalaciones del Edificio A de Rectoría, la Dirección de Servicios Escolares y Dirección de Redes Telecomunicaciones e Informática, “provocando afectaciones al patrimonio universitario”, informó la UABJO en un comunicado.
Ante tal situación, la Oficina del Abogado General, representada por Héctor López Sánchez, presentó la denuncia correspondiente.
Indicó que como resultado de la investigación, la Fiscalía General del Estado logró la detención de Gabriela de la Luz Jiménez Rodríguez y Vicente Manzo el pasado 10 de septiembre, como probables responsables del delito de extorsión en perjuicio de la UABJO.
Mediante audiencia de fecha 13 de septiembre del año en curso, celebrada ante el Juez de Control Estatal, se dictó auto de no vinculación a proceso. “Y ante dicha determinación el representante legal interpuso el recurso correspondiente, mismo que está por resolverse”, agregó.
Precisó que la Rectoría de la Universidad “no está facultada para otorgar perdón ante un hecho que se persigue de oficio”.
“El proceso en mención no resuelve en definitiva la situación jurídica de los imputados, la carpeta de investigación continúa abierta y en posibilidad de ser nuevamente judicializada, si el ministerio público considera que aún existen elementos suficientes.
Por otro lado, la institución informó que como resultado de la coordinación con la Fiscalía durante el proceso de admisión de estudiantes, se recibieron 10 denuncias anónimas, mismas que fueron integradas y exhibidas en la carpeta de investigación correspondiente por la denuncia interpuesta por el abogado general, contra quien o quienes resulten responsables, misma que se encuentra abierta por los delitos de falsificación de documentos y fraude en perjuicio de la sociedad.
