Ismael García M./Zona Roja.
San Raymundo Jalpan, Oax., 30 de septiembre de 2019.- Por unanimidad, el pleno de la 64 Legislatura rechazó hoy aprobar la propuesta de decreto de las cuentas públicas 2017 de los ayuntamientos.
En sesión extraordinaria efectuada este lunes y con 40 votos –dos legisladores pidieron permiso para ausentarse– fue avalado el dictamen elaborado por la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalízación, que preside el diputado Horacio Sosa Villavicencio.
En tribuna, el representante popular del Partido Morena expuso que según datos de 2017 publicados por el propio Órgano Superior de Fiscalización, de los 570 municipios, únicamente auditó a 74; es decir, sólo fiscalizó a 13 por ciento del total de los municipios del estado.
“La falta de sanción y los resultados en recuperación de activos son francamente lamentables, por decir lo menos. Se realizan pocas auditorías; todavía menos resultan en acciones judiciales o administrativas, y de ellas muy, muy pocas derivan en alguna condena, o en sanciones efectivas”, dijo.
Por ello:
“Después los análisis necesarios, la Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, que tengo el honor de presidir, elaboró un dictamen en el sentido de no aprobar las cuentas públicas municipales del ejercicio fiscal 2017.
“Esto se debe a que es insuficiente la información aportada, pues a estas fechas el Órgano Superior aún se encuentra en la fase de investigación para integrar los informes de presunta responsabilidad administrativa”.
Sosa Villavicencio detalló que hay municipios que no presentaron cuenta pública 2017 y con ellos no pasa nada.
“Es necesario instruir al Órgano Superior para que incluya en el programa anual de auditorías a los municipios que no cumplieron con esa obligación, y posteriormente remita los resultados a esta soberanía”.
Añadió que se instruyó también al Órgano Superior para que dé seguimiento a los procedimientos de revisión y fiscalización, y también en su oportunidad presente un reporte del resultado final de cada una de ellas.
“Es claro que la aprobación de presente dictamen no suspende las acciones legales promovidas por él Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Es claro también que las deficiencias observadas no solamente exhiben la precariedad con que el máximo ente fiscalizador del estado desempeña sus funciones constitucionales, sus limitaciones operativas y su falta de capacidad técnica.
“Habla también de la deficiencia de los ordenamientos legales para garantizar la eficacia de la fiscalización y la evaluación de los entes públicos”, remarcó.
