Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 10 de agosto de 2022.- En la ruta de la construcción de una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia de las personas, pueblos y comunidades indígenas en Campeche, Oaxaca y Yucatán, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) elaboró materiales de apoyo en lenguas indígenas con presencia en dichos estados.
Para Oaxaca, se tradujeron materiales visuales y audiovisuales en zapoteco de la Sierra Sur y en Triqui de San Isidro del Estado, mientras que para Campeche y Yucatán, en maya y tsotsil.
La asesora del proyecto, Judith Bautista Pérez, destacó que el material va dirigido a los operadores de justicia de los tres niveles del estado, incluyendo defensorías de derechos humanos, en la que se ofrece información del racismo y acciones a las que se enfrentan las personas que buscan ejercer su derecho a la justicia.
El material también es un apoyo para autoridades comunitarias y organismos no gubernamentales que realizan esfuerzos para defender a las personas o comunidades indígenas de violaciones a sus derechos.
Durante la presentación, realizada este miércoles, el Cepiadet y sus colaboradores señalaron el reto que representa hablar de racismo actualmente en un entorno el que se cambiaron los términos de racismo, pero en las acciones prevalece, pero además con desinformación de qué de qué es y cómo se ejerce el racismo y sus afectaciones devastadoras como lo son para el caso del acceso a la justicia.
En el diagnóstico “Los efectos del racismo en el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas de Campeche, Oaxaca y Yucatán”, la asociación civil destacó “la brecha de implementación”, es decir, la distancia que hay entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país.
En el caso de Oaxaca, primero resaltó la creación de la Sala de Justicia Indígena, pero al mismo tiempo a pesar de los derechos reconocidos no se traducen en mejores condiciones de igualdad y de justicia social en las comunidades indígenas del Estado.
Existen limitaciones de instituciones de procuración y administración de justicia, pues no hay ninguna en defensa indígena a diferencia de las seis agencias del ministerio público federal, 134 estatales, tres especializadas en materia de adolescentes, por lo que las personas y autoridades indígenas tienen que desplazarse desde sus comunidades a las ciudades para presentar una denuncia.
El Cepiadet apuntó que por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, hay 10 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes y que para presentar una denuncia hay que esperar 236 minutos, sin considerar la distancia de las comunidades en relación con el lugar donde se localiza la agencia del ministerio público, esto en algunas ocasiones, puede implicar un día completo.
Por lo que respecta a los juzgados en la entidad existe un Centro de Justicia Penal Federal sólo hay una sala de justicia indígena.
Pero, además, otra necesidad en el acceso a la justicia es la asistencia de un o una intérprete y, o, traductor con conocimiento de lengua y cultura que sirva como puente de comunicación.
Entre las sugerencias, la asociación señaló que es urgente transitar hacia una nueva cultura jurídica que lleve a la desformalización del derecho, lo que implica empezar por las universidades, institutos de capacitación y escuelas judiciales, incluyendo en las matrículas de los planes educativos de derecho temas como pluralismo jurídico, epistémico y cultural, a fin de que las nuevas abogadas y abogados se formen desde procesos interculturales.
