Yuridiana Sosa/ Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 30 de agosto de 2022.- Para finiquitar el juicio legal que la comunidad de San Bartolo Coyotepec sostiene contra la empresa refres Gugar desde hace 15 años, por explotación de mantos acuíferos y ocupación de predios comunales, el corporativo demanda un pago de mil 103 millones de pesos para irse de este municipio de los Valles Centrales de Oaxaca.
Frente a un largo proceso, cargado a favor de la empresa, la asamblea comunitaria determinó el pasado 28 de agosto la clausura de la empresa y la recuperación pacífica de 14 hectáreas comunales, el próximo 5 de septiembre, donde se instaló la planta envasadora y refresquera, de origen oaxaqueño.
En conferencia de prensa, autoridades comunales, municipales y población afectada, apuntaron que mientras la empresa de se beneficia de la extracción del agua, la población cada año sufre más por el suministro del agua.
La comunidad apuntó que no están dispuestos a pagar un solo peso a la empresa, misma que llegó en 2002 con engaños para permitir su instalación, con la propuesta que sólo sería una planta de realización de tapa roscas.
Al percatarse la comunidad de que se trataba de una planta envasadora de agua y refrescos, inició en 2007 un juicio legal y agrario para la recuperación de sus tierras.
Sin embargo, en el transcurso de este tiempo el proceso ha sido manipulado y entrampado en diversas ocasiones; en dos ocasiones, el fallo sobre la posesión del terreno ha sido a favor de la comunidad, pero, aun así, la empresa continúa actividades e interponiendo recursos.
A más de una década del proceso, la población indicó que se encuentran, posiblemente, en la etapa final, pero desconfían en los peritos de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Unitario Agrario.
Motivo por el cual demandaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que llame a los funcionarios federales a trabajar conforme a derecho.
“Nos están quitando la vida, el agua”, expresaron los pobladores, quienes, además, sostienen que a los campesinos también les están quitando el sustento al no contar con el vital líquido para la crianza de animales como actividad económica.
Por ello, el próximo 5 de septiembre llevarán a cabo la recuperación pacífica de sus tierras y la clausura de la empresa.
El presidente municipal, Pablo Cruz Pacheco, informó que la empresa tiene una deuda de 11 millones de pesos con el ayuntamiento, pues desde su llegada no ha cumplido con sus impuestos a la hacienda pública municipal, además de una multa por no contribuir con las actividades comunitarias.
