Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 31 de agosto de 2022.- A cuatro años de que la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta por violencia de género en 40 municipios de Oaxaca, el balance es negativo, pues las estrategias definidas para enfrentar y erradicar la violencia de género y su manifestación más grave, la violencia feminicida, no han dado resultados.
Así lo refirió en un pronunciamiento público el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, que encabeza Angélica Ayala Ortiz.
Expuso que las mujeres enfrentan diferentes tipos de violencia basada en su género, ésta se puede expresar a través de las violencias física, emocional, económica, psicológica, sexual y digital, por ello se hace urgente contar con mecanismos orientados a prevenir y atender las violencias en los ámbitos privado y público, pues la carencia de prevención y atención incrementa el riesgo de ser víctimas de la violencia feminicida.
A nivel estatal, 676 niñas y mujeres han sido víctimas de asesinatos violentos, de los cuales 461 han ocurrido después de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG).
Las regiones más violentas son el Istmo, la Costa y los Valles Centrales, de las cuales la región del Istmo se ha mantenido a lo largo de todo el sexenio, como la más violenta para las niñas y mujeres, solo en el 2022 representa el 29% de la violencia feminicida.
Una de las recomendaciones de la AVG con la cual se podrían focalizar políticas públicas de prevención, ha sido realizar un mapeo de los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente feminicidios, homicidios culposos, violencia sexual, desapariciones de niñas y mujeres y sus tentativas, pues con estos datos se evalúa el nivel de gravedad de violencia de género existente.
Contar con un análisis del contexto de violencia comunitaria, de delincuencia organizada, violencia social, así como la presencia de militares en las regiones, ha colocado la proliferación descontrolada de armas de fuego en el estado, la cual ha generado que año con año se incremente el asesinato violento de niñas y mujeres con éstas armas, llegando al 2022 a representar un 78%.
Esta situación es un elemento sensible a considerar debido a que incrementa el riesgo de la violencia feminicida en Oaxaca.
“En la región del Istmo, el reciente e indignante caso de Abigail en Salina Cruz, es un claro ejemplo de las alarmantes limitaciones que tienen las autoridades para comprender la violencia de género a nivel municipal y que bien puede reflejar lo que sucede con los Consejos Municipales en el estado”, refirió.
Por principio, en el caso de Abigail fue detenida argumentando un “delito administrativo” por discutir con su pareja, cuando en realidad estaba siendo víctima de violencia de género, la cual no pudo ser identificada por los elementos de la policía, ni tampoco por el juez cívico.
“Lamentablemente la falta de capacitación de las corporaciones policiacas, es uno de los factores por los cuales las mujeres que viven violencia no son atendidas ni protegidos sus derechos, no tienen una perspectiva de género que les permita hacer intervenciones eficientes”.
Además, de acuerdo a testimonios de su familia, ella ya había denunciado a su pareja por violencia física y psicológica, incluso tenía una orden de protección, a la cual, como desafortunadamente sucede, no se le dio seguimiento por parte de las autoridades.
Al respecto existen infinidad de casos a nivel estatal, en el que las instituciones que tienen dentro de sus responsabilidades investigar y sancionar las violencias de género no lo hacen, se abren las carpetas de investigación para posteriormente convertirse simplemente en una estadística a la cual no se da seguimiento, lo que explica que las mujeres se mantengan en riesgo, porque cuando se logra obtener una orden de protección, tampoco tiene efecto en su protección.
A partir de la detención con excesivo uso de la fuerza, Abigail enfrenta otra violencia institucional, que se suma a la falta de un protocolo para la retención con apego a los derechos humanos, para finalmente, como lamentablemente también sucede, pretender que su muerte fue por suicidio para encubrir un feminicidio.
“El caso de Abigail se tornó mediático porque la familia acusó de asesinato a la policía, pues se negó a aceptar la versión oficial de suicidio, pero ella fue víctima de feminicidio, de un crimen de estado, pues actúo el sistema patriarcal que le negó sus derechos a la integridad, la libertad y la vida, incumpliendo sus obligaciones de proteger sus derechos”, detalló GES Mujer.
“¿Cuántas de las 461 víctimas de la violencia feminicida en Oaxaca desde la declaratoria de la AVG han denunciado las múltiples violencias frente a una autoridad, policía, ministerio público, juez, o con una abogada o psicóloga de las unidades de género, de las instancias de las mujeres, fiscalías o de los sistemas de seguridad pública que no atienden una orden de protección, sin que éstas hayan identificado el riesgo de la violencia feminicida y actuado en consecuencia?”.
Esta falta de atención explica la violencia feminicida, hay causas que se pueden identificar y atender de manera preventiva, vidas que pudieron ser salvadas, pero las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia ha fallado continuamente en proteger a las mujeres.
Además la carencia de albergues y refugios, que fue otra recomendación de la AVG, deja a las mujeres en situación de violencia, desprotegidas ante una violencia machista de su pareja, la cual también atraviesa a los sistemas de prevención, atención y sanción a la violencia de género.
Otro elemento que contribuye a entender los indignantes datos de violencia de género y violencia feminicida, son los altos niveles de impunidad que provocan en las mujeres desconfianza en su propio sistema de justicia y en los agresores la certeza de que no serán sancionados.
FEMINICIDIO INFANTIL
El feminicidio infantil es definido como la muerte de una niña o adolescente menor de 18 años, se considera feminicidio debido a que presupone una relación de subordinación cuando las víctimas son menores de edad, además del estado de indefensión, desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, sin embargo, este derecho no ha sido respetado para 72 niñas y adolescentes asesinadas de manera violenta.
Estos datos, más que estadísticas, representan vidas arrebatadas, indignación y dolor para sus familias, una muestra de ineficiencia por parte de las instituciones encargadas de su protección y como sociedad un atentado contra nuestro futuro.
De acuerdo al Monitoreo de GES Mujer, el feminicidio infantil ha tenido un incremento durante el 2022, representando un 15% de la totalidad de casos. De los cuales el 9% correspondió a niñas de 0 a 12 años, y el 6% a adolescentes menores de 18 años.
El caso de Alondra, una adolescente afromexicana que acudió a una festividad en la comunidad de San Juan Bautista Lo Soto, que es reportada como desaparecida para posteriormente ser localizada sin vida, es otra demostración de omisiones y negligencias en la aplicación de protocolos para la localización de niñas y mujeres desaparecidas, que forma parte de las recomendaciones de la declaratoria de AVG que desafortunadamente tampoco ha dado resultados.
La desaparición de niñas y mujeres es un dato relevante, actuar de manera profesional y de manera expedita puede salvar vidas, en el caso de Alondra fue la familia la que procedió a su búsqueda.
En los casos de desaparición de niñas y mujeres las familias se enfrentan a omisiones, las revictimizan y finalmente cuando son localizadas como víctimas de feminicidio, la gran mayoría inicia un largo camino donde las negligencias y la impunidad son la constante.
La violencia feminicida es la consecuencia de factores estructurales, donde el machismo y la misoginia se expresa en las relaciones de pareja, pero también está presente en las instancias de atención y de procuración de justicia, que no solo ha mostrado incapacidad para atender las violencias por razón de género sino que las revictimiza de múltiples formas.
Dos fiscales durante la declaratoria de AVG y continúan las mismas prácticas de actuación omisas y/o negligentes, investigaciones carentes de una perspectiva de género o la clara intención de ocultar o minimizar la violencia feminicida, así como la revictimización de las familias que exigen justicia, son factores que explican el fracaso de la aplicación de la AVG a cuatro año de haberse declarado.
