Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 11 de septiembre de 2022.- El Juez integrante del Tribunal Unitario de la región de la Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro miembros del grupo “paramilitar” Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), implicados en el asesinato de los defensores Alberta (Bety) Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, el 27 de abril de 2010 en Oaxaca.
A través de un comunicado, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social lamentó la liberación ordenada el pasado 7 de septiembre y denunció que se trata de una prueba más de la complicidad entre el gobierno de Oaxaca y el grupo “paramilitar”.
Los ahora liberados habían sido acusados y encarcelados por el delito de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación, al haber participado en la emboscada armada contra una misión civil de paz en las inmediaciones de San Juan Copala, en la que se encontraban Cariño y Jaakkola.
Tras la emboscada, las personas sobrevivientes fueron amenazadas de muerte por miembros de la Ubisort en caso de que se atrevieran a denunciar los hechos.
Esto ocurrió durante las horas en que también los mantuvieron en cautiverio. Desde entonces, tanto los representantes jurídicos de las víctimas (Acción_DH), como los testigos, han solicitado en múltiples ocasiones medidas de seguridad y protección para las personas sobrevivientes, las testigos, así como para la familia Esparza- Cariño.
Sin embargo, todas estas medidas han sido negadas por las autoridades tanto federales como estatales bajo el pretexto de que “no hay un mecanismo de protección a testigos ni víctimas en México”, pese a que, tanto a nivel federal como estatal, existen leyes relacionadas con estos temas y con obligaciones claras.
La solicitud de protección para las víctimas y los testigos, tenía como finalidad el que ellas y ellos pudieran acudir a los respectivos juicios contra los asesinos, bajo condiciones mínimas de seguridad, dado que el grupo paramilitar Ubisort sigue operando con total impunidad en Oaxaca manteniendo su poderío económico y armado prácticamente intocado.
La liberación de los detenidos fue debido a que en el juicio que se siguió en su contra no pudieron presentarse los sobrevivientes de la emboscada ni las víctimas para señalarlos directamente, “pues todas y todos se encuentran en una alta condición de riesgo y algunos de ellos incluso amenazados desde hace años”, explicó el Grupo de Acción.
Ante la noticia de la liberación de los últimos presuntos responsables “y la inviabilidad de encontrar justicia en el país” las familias de las víctimas y su representación jurídica han decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, anuncian la campaña ¿A quién protege el gobierno mexicano? para exigir que se castigue a los responsables de este crimen.
“La complicidad entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el grupo paramilitar ha sido evidente a lo largo de estos 12 años pues la investigación judicial tardó cuatro años en iniciarse, de las 14 órdenes de aprehensión libradas solo se cumplimentaron siete de ellas, destacando que previamente tanto el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez, como Juan Macario Bautista, ya habían recuperado su libertad por estos mismos hechos”, destacó en el comunicado.
El pasado 7 de septiembre fueron puestos en libertad Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez Y Elías Cruz Merino, debido a que en el juicio que se siguió en su contra, no pudieron presentarse los sobrevivientes ni las víctimas para señalarlos directamente.
