Néstor Y. Sánchez Islas
Aun cuando va contra el texto constitucional, el presidente logró con maniobras políticas, transferir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, lo que simple y llanamente es, en los hechos, la militarización de la seguridad pública.
Un proceso lleno de contradicciones propias de una persona que transita libremente entre una ideología caduca y originalmente atea a un fanatismo creciente hacia posturas cristianas conservadoras como el que se vive actualmente en los Estados Unidos, es decir, un personaje inestable e impredecible es el presidente Obrador.
Podemos fijar el 2 de octubre de 1968 como la fecha en que la izquierda mexicana tomó oficialmente la bandera contra la militarización del país. Así fue hasta hace unos días.
Esa misma izquierda que marchó durante años por las calles exigiendo el respeto a los derechos humanos y el regreso de los militares a sus cuarteles, hoy cambió de opinión. Textualmente el propio presidente afirmó: “Cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron”.
Los riesgos de militarizar la vida civil del país son muchos. El derecho a libertad de expresión es, probablemente, el que más riesgo corre. El mismo día que el Congreso votó por transferir la Guarda Nacional al mando militar, ésta publicó un mensaje en redes sociales en que señala de que “tengamos cuidado con lo que publicamos en el espacio virtual porque puede tener consecuencias en el mundo real”. La amenaza es clara y directa desde el primer día.
El creador de la guerra al narcotráfico fue el presidente norteamericano Richard Nixon en 1971. En México la inició Luis Echeverría quien aprovechó la oportunidad de usar al ejército no solo para atacar el narcotráfico en las sierras, selvas y desiertos del país, sino como una herramienta de control social y coerción política que derivó en la guerra sucia contra guerrillas y movimientos sociales.
De las sierras lejanas el narco se vino a las ciudades. Felipe Calderón inauguró la guerra urbana contra un enemigo que, inspirado en las brutalidades del “Estado islámico”, trajo el horror a nuestros vecindarios.
El presidente Obrador hizo campaña por 18 años con la promesa de acabar con el crimen en seis meses como lo testifican los videos de muchos de sus mítines, y regresar a los militares a sus cuarteles.
No solo no lo hizo, ya cambió de opinión y su sexenio es el más sangriento de la historia nacional. A la mitad de su gobierno ya superó los que tuvo Calderón en todo su sexenio.
Militarizar el país refuerza uno de los pocos fueros vigentes, el fuero militar. Y los fueros siempre han sido nocivos porque la norma es el abuso de quienes los ostentan. El fuero militar es una modalidad de ventaja contra todos nosotros, la sociedad civil, nos coloca en desventaja ante las arbitrariedades que todos los días se comenten por parte de las autoridades.
La historia reciente recuerda el caso del General Francisco Gallardo, aquel a quien el ejército encarceló durante nueve años por pedir que, para detener los abusos del fuero de guerra, se creara en México la figura del Ombudsman militar.
Su caso fue muy mediático y no debe olvidarse porque él, siendo miembro de las fuerzas armadas en altos cargos, conocía muy bien las entrañas de la élite militar y los abusos cometidos por algunos de ellos.
De 1989 a 1992, es decir, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un presidente altamente popular en sus tiempos como lo es hoy AMLO, los militares le abrieron más de 20 averiguaciones previas, se le imputaron 21 delitos entre ellos, injurias, calumnias al ejército y malversación de fondos.
El presidente Vicente Fox ordenó su liberación, pero sin haberlo exonerado, lo que permitió a la Sedena intentar retirarle el grado de general y quitarle sus prestaciones, como lo fue el servicio médico, y fue esto último lo que aceleró su muerte reciente derivado de complicaciones de Covid-19.
Llama la atención como medios afines a la izquierda le dieron abrigo y publicaron sus colaboraciones, pero llama más la atención que se convirtió en asesor del naciente “Movimiento de Regeneración Nacional”.
Así fue, se convirtió en asesor del ahora presidente Obrador en su lucha contra la militarización de la vida nacional. Ahora sabemos que bateó al general Gallardo alegremente.
A la militarización debemos sumar el hecho de no haberse eliminado la figura de la “prisión preventiva oficiosa”. Ambas herramientas son peligrosas en manos de un líder amante del autoritarismo que gobierna a través de certezas morales y no de la ley y las instituciones. Sabemos que el lema del presidente es que “primero la justicia que la ley”, o su ahora famoso dicho de “no me vengan con que la ley es la ley”.
Es cierto, el presidente puede usar al ejército para luchar contra la delincuencia, pero quizá, al igual que lo hicieron Echeverría y López Portillo, también lo use como una fuerza de control social y coerción contra sus opositores: represión.
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