Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de septiembre de 2022.- ¿Qué tiene que ver Oaxaca en el caso de Ayotzinapa con sus 43 normalistas desaparecidos?
Mucho, porque entre ellos hay un paisano, Christian Tomás Colón Gárnica, por quien sus familiares han vivido el calvario de la injusticia y cuya solidaridad estatal ha sido regateada.
Asimismo, en la época de los hechos, la subprocuradora de la Fiscalía General de la República era ni más ni menos que la hoy diputada local por el PRI, Mariana Benítez Tiburcio, aunque ha negado haber participado directamente en las investigaciones; mejor dicho, en las mentiras de la investigación.
Como quiera que sea, ni Christian Tomás ni los otros 43 estudiantes no tienen descanso porque simple y sencillamente, la justicia nada más no llega. Ocho años de espera, ocho años de reclamos, ocho años de engaños.
Hay otro nombre que, aunque no es de un oaxaqueño, tiene que ver con el estado: Alejandro Solalinde, quien reveló desde hace años la forma en que murieron los estudiantes.
Pero las falsedades no tienen freno; primero con Enrique Peña Nieto, que goza de total impunidad en el actual sexenio por éste y otros engaños y delitos, y luego con Andrés Manuel López Obrador, de quien la sociedad mexicana se decepciona cada vez más, al actuar exactamente como los priistas: protegiendo al Ejército Mexicano y abonando las injusticias.
DOLOR OAXAQUEÑO
Cuando Christian Tomás desapareció en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, junto con los demás estudiantes de la Escuela Normal Rural Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgo”, tenía 18 años.
Hoy sería un profesionista, docente, que estaría prestando sus servicios en al algún lugar del país, quizá de la sierra de Guerrero, su natal Oaxaca o de Chiapas.
El estudiante nunca fue como el resto de los jóvenes de su comunidad, Tlacolula de Matamoros, donde sólo tienen dos opciones: formar una familia antes de cumplir la mayoría de edad y trabajar en lo que sea para obtener dinero, o cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Tomás quería estudiar para ser maestro y compartir su conocimiento. Uno de sus más grandes anhelos era estar frente a un grupo de niños, y con el tiempo, impartir clases en diferentes universidades. Pero le truncaron el sueño. Como a los otros 42.
¿Usted qué haría si le matan a su hijo o hija y pasan ocho años y todos son exculpaciones y encubrimiento al Ejército Mexicano?
Es comprensible el dolor, las angustias, los reclamos -aunque no los hechos violentos- de los familiares de los 43, por tanto engaño oficial.
SÓLO ENGAÑOS
Han pasado ocho años de los trágicos sucesos, del horror, y de la “verdad histórica” que inventó el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pero ahora hemos pasado a la “verdad confusa” del subsecretario Alejandro Encinas; es decir, no hay nada firme aún en la aplicación de la justicia.
Murillo Karam -quien fue jefe de la oaxaqueña Mariana Benítez en la Procuraduría General de la República- está detenido por sus inventos del caso, pero no hay avances sustanciales en el proceso judicial en su contra.
Peña Nieto descansa y disfruta de sus millonarios ingresos en España y hasta López Obrador lo ha exculpado cada vez que ha sido necesario.
Otros importantes cabecillas de esta trama, como Tomás Zerón, siguen prófugos de la justicia, mientras que el que fuera edil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, estuvo a punto de salir libre; de hecho, ganó un proceso judicial.
Con la llegada de López Obrador al poder, se pensó o creyó que por fin habría justicia, pero a cuatro años en el cargo, sólo ha reconocido que fue un “crimen de Estado” -el 18 de agosto pasado-, lo que reiteradamente han señalado organizaciones sociales y familiares de las víctimas.
Un juez ha logrado la liberación de 120 personas probablemente involucradas en el caso, presuntamente porque fueron torturadas, y el gobierno federal sólo atina a tratar de enjuiciarlo.
Hubo un General militar en retiro que se entregó, no fue detenido, pero más que por el caso de Ayotzinapa, se le indaga por probables ligas con la delincuencia organizada.
Mientras tanto, la peor parte en esta administración federal, la Fiscalía General de la República ha retirado las órdenes de aprehensión contra 21 presuntos implicados, entre ellos 16 militares.
LA REVELACIÓN
En ese contexto, el pasado fin de semana la periodista-articulista del diario “Reforma”, Peniley Ramírez, reveló detalles no testados (no tachados) del informe especial del caso Ayotzinapa.
Entre otras cosas, desaparece la hipótesis de que los cuerpos de los normalistas fueron quemados y asevera que casi todos los normalistas fueron asesinados, descuartizados y enterrados.
Y las órdenes provinieron del entonces alcalde José Luis Abarca, molesto porque los normalistas querían «armar un desastre en Iguala». Algunos cuerpos de las víctimas fueron disueltos con ácido. Seis que seguían vivos fueron asesinados después por órdenes del entonces coronel Rodríguez Pérez, según detalló la periodista.
Pero la autoridad ministerial federal en lugar de perseguir a los responsables de los crímenes, ahora llevó a la hoguera mediática a la comunicadora.
Sin embargo, la versión de que los normalistas fueron incinerados no salió de una conspiración de la entonces PGR; sino que el primero que lo divulgó públicamente fue el padre Alejandro Solalinde, responsable de albergues de migrantes en el Istmo.
¿QUÉ HAY?
Ocho años después, no llega la justicia, pese a las promesas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Únicamente dos restos de estudiantes quemados han sido identificados plenamente en pruebas genéticas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado en su recomendación 15VG/2018 que estima que «fueron incinerados hasta 19 normalistas».
Para comprobarlo, pidió que 114 restos óseos sean sometidos al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para análisis genético. Las autoridades, empero, no han querido hacerlo.
“La ‘verdad histórica’ tenía huecos; la ‘verdad confusa’, muchos más. Encinas, en vez de aclarar las inconsistencias, se queja de la divulgación de un informe que, desde siempre, debió ser público para que fuera sometido a escrutinio crítico”, reseña el articulista Sergio Sarmiento.
Sin tratar de ser agoreros del desastre, terminará el sexenio obradorista y no habrá justicia para los familiares de los 43 normalistas.
