Alejandro Juárez/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 23 de octubre de 2022.- A menos de mes y medio de la conclusión del actual sexenio, el gobierno de Oaxaca mantiene sin aclarar ante la auditoría estatal el destino de al menos 588.4 millones de pesos que fueron gastados con irregularidades entre 2017 y 2022, según el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).
La documentación del OSFE resalta que el gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa y que fenecerá el próximo 30 de noviembre, no solventó diversas inconsistencias financieras detectadas durante las revisiones de las cuentas públicas de 2017, 2018, 2019, 2020 y el primer semestre de 2022.
Según los informes, los 588 millones de pesos fueron mal ejecutados, principalmente, por entidades como la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), con 117 millones 811 mil pesos; los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAO), con 89 millones 546 mil pesos; la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca (UABJO), con 108 millones 966 mil pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), con 36 millones 282 mil pesos y el Colegio Superior para la Educación Intercultural de Oaxaca, con 33 millones 793 mil pesos, entre otras.
Los montos observados durante las auditorías ascendieron a 131 millones 45 mil pesos en 2017, el primer año de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa; 242 millones 190 mil pesos durante 2018; 78 millones 417 mil pesos en 2019; 135 millones 440 mil pesos en 2020, el primer año de la pandemia de Covid 19, y 1 millón 324 mil pesos durante el primer semestre de 2022.
En 2021, por razones desconocidas, el OSFE no hizo públicos los resultados de las revisiones efectuadas durante aquel periodo.
AÑO POR AÑO
En 2017, el monto total de las observaciones fue de 154 millones 90 mil pesos entre 11 dependencias y organismos autónomos supervisados, los cuales, con el paso de los meses, lograron justificar legalmente el gasto de 23 millones 44 mil pesos.
Una vez realizados los ajustes entre el monto observado y las justificaciones realizadas, en la cuenta pública de 2017 quedaron sin ser aclarados recursos por 131 millones 45 mil pesos.
Durante aquel año, las entidades gubernamentales con más presuntos desfalcos fueron Sinfra, con 69 millones 811 mil pesos; SAPAO con 21 millones 848 pesos; la Fiscalía de Oaxaca, con 14 millones 588 mil pesos y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con 13 millones 507 mil pesos.
También aparecieron organismos como la Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi), por 3 millones 519 mil pesos; la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, con 3 millones 446 mil pesos, y el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), por 2 millones 812 mil pesos, entre otros.
EN 2018
En 2018, el Órgano Superior de Fiscalización halló irregularidades por 326 millones 35 mil pesos, de los cuales, las dependencias y organismos fiscalizados pudieron justificar la ejecución de 83 millones 845 mil pesos, por lo que, al final, el monto total de los recursos no comprobados fue de 242 millones 190 mil pesos.
Una vez concluido el periodo para la aportación de documentación justificativa, las instituciones con más recursos presuntamente malversados fueron la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), con 108 millones 966 mil pesos; los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), con 53 millones 504 mil pesos, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), con 32 millones 970 mil pesos no aclarados.
Otras instancias que no pudieron comprobar la correcta aplicación de los recursos públicos entregados fueron el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), con 26 millones 774 mil pesos; el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), con 23 millones 72 mil pesos; Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), con 7 millones 555 mil pesos y la Universidad del Mar, con 7 millones 112 mil pesos.
Asimismo, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), con 6 millones 966 mil pesos; la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), con 5 millones 78 mil pesos; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con 1 millón 193 mil pesos, y la Consejería Jurídica y Dirección del Registro Civil, con 910 mil 331 pesos, entre otros.
INFORMES INCOMPLETOS
En 2019, el OSFE observó anomalías por 164 millones 389 mil pesos; sin embargo, tras ser requeridas por el organismo, las secretarías y entidades paraestatales y autónomas comprobaron la correcta aplicación de 85 millones 972 mil pesos por lo que el monto por solventar; es decir, no comprobado, fue de 78 millones 417 mil pesos.
Durante aquel periodo, el OSFE auditó a 16 dependencias; sin embargo, solamente entregó resultados de cuatro entidades: el Colegio Superior para la Educación Intercultural de Oaxaca, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (CECyTE), el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad y la Secretaría de Turismo.
De acuerdo con los reportes, aquellas cuatro instancias acumularon observaciones por los siguientes montos: el Colegio Superior para la Educación Intercultural de Oaxaca, por 33 millones 793 mil pesos, al tiempo que el CECyTE no justificó 20 millones 520 mil pesos.
Mientras tanto, la Secretaría de Turismo no pudo comprobar la correcta utilización de 17 millones 641 mil pesos y el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad quedó por solventar 6 millones 462 mil pesos.
En 2020, el primer año de la pandemia de Covid 19, el monto total observado ascendió a 202 millones 852 mil pesos, de lo cuales fueron solventados 67 millones 411 mil pesos por las entidades fiscalizados.
Tras lo anterior, el monto no aclarado, por lo cual se presume un quebranto a las arcas públicas, llegó a 135 millones 440 mil pesos.
Nuevamente, la dependencia que mayores irregularidades sin aclarar acumuló fue la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), con 48 millones de pesos, seguida de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cuyo monto fue de 28 millones 117 mil pesos.
Otra de las instancias con las cifras más altas de recursos no justificados fue la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), con 17 millones 997 mil pesos; los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), con 14 millones 194 mil pesos, y el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), con 10 millones 11 mil pesos.
Asimismo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) acumuló un gasto no comprobado por 7 millones 642 mil pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), otro por 3 millones 312 mil pesos; la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), uno más por 1 millón 521 mil pesos; la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi) por 1 millón 483 mil pesos y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), por un millón 495 mil pesos.
Finalmente, durante los primeros seis meses de 2022, la auditoría de Oaxaca afirmó que la administración de Alejandro Murat únicamente había incurrido en irregularidades por un monto de 1 millón 324 mil pesos.
El OSFE informó que entre los meses de enero y junio de 2022 efectuó ocho revisiones financieras entre entidades de la administración pública, las cuales arrojaron presuntas irregularidades por 924.8 mil pesos en el caso del Instituto de la Juventud Oaxaca; 388.3 mil pesos en el Instituto de Atención al Migrante; 8 mil 540 pesos en la Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi), y de 3 mil pesos en la Comisión Estatal Forestal (Coesfo).
¿AUDITORÍAS MAQUILLADAS?
Fue justo el informe correspondiente al 2022 el que provocó nuevamente fricciones entre el OSFE y algunos integrantes del Congreso de Oaxaca, quienes de manera reiterada han acusado al Órgano de Fiscalización de incumplir con los lineamientos en la materia con el fin de favorecer al actual gobierno de Oaxaca e incluso maquillar acciones ilegales.
En septiembre de 2022, tras darse a conocer que durante el primer semestre del año habían sido detectados malos manejos por poco más de 1 millón de pesos, los integrantes de la Comisión de Seguimiento al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEO) del Congreso de Oaxaca adelantaron que no aceptarían como válido tal informe debido a que en él existían múltiples irregularidades.
Entre la inconsistencias halladas en el desempeño del OSFE, se destacó que el informe general de las auditorías contemplaba posibles malos manejos de recursos públicos por un millón 323 mil pesos; sin embargo, esa cantidad no coincidía con los datos arrojados por las auditorías individuales efectuadas a cada dependencia u organismo de gobierno.
Cómo ejemplo, se indicó que el organismo no consideró como posibles recuperaciones monetarias un monto por 1 millón 477 mil pesos, el cual calificó como solventado a pesar de que no fue presentada documentación suficiente, competente y relevante relacionada con las observaciones y acciones emitidas.
Además, los integrantes de la 65 legislatura acusaron que las auditorías financieras del OSFE no cumplieron con la normativa establecida en la ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Lo anterior, fue sustentado en que el OSFE auditó durante el primer semestre del año una muestra de 811 millones 942 mil pesos, que representa menos del dos por ciento de los 47 mil 115 millones de pesos de los que había dispuesto la administración estatal durante el mismo periodo, por lo que la cantidad auditada es insuficiente y no muestra elementos relevantes para dictaminar.
Se añadió que realizar un pronunciamiento con una monto fiscalizado tan bajo pone en peligro los principios de certeza y seguridad jurídica.
MÁS ANTECEDENTES
El anterior no ha sido el único señalamiento de posible corrupción al interior del OSFE, pues anteriormente, el diputado local de Morena, Horacio Sosa Villavicencio, presentó un punto de acuerdo en el que exigió que el ente aclarara la metodología que usa para definir la lista de las dependencias y municipios que son sometidos a revisiones.
Sosa Villavicencio resaltó que la necesidad de que el OSFE aclare su método de selección radica en que de no hacerlo, se interpretaría como que elabora listas a modo, de manera arbitraria.
Por ejemplo, el representante indicó que para 2022, el organismo anunció la realización de 92 auditorías, de las cuales, 12 serán para entidades estatales y 80 para municipios; sin embargo, nunca se aclaró cuáles fueron los criterios para definir qué entidades serían sometidas a revisión.
En ese sentido, se informó que dentro de los organismos de gobierno que serán auditados este año resaltan la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra), la Comisión Estatal del Agua (CEA), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).
El OSFE intentó justificar que la lista de entidades a fiscalizar quedó definida a partir de criterios como la existencia de denuncias ciudadanas por posibles actos de corrupción, el presupuesto asignado, seguimiento a las auditorías realizadas anteriormente y la existencia de aspectos susceptibles de mejora.
Sin embargo, en base con aquellos criterios, otras entidades, como los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), donde se ha reportado un quebranto de hasta 26 mil millones de pesos, o el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) o la Secretaría de Administración, que manejan mayores presupuestos tuvieron que haber sido sometidas de manera recurrente a auditorías.
Además, se advierte que si se tomaron en cuenta los incrementos presupuestales dels últimos años, se debería haber incluido en el plan de auditorías al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, el Consejo Oaxaqueño de la Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, el Organismo Operador encargado de la Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos, Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Oaxaca y el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa.
CUENTAS PÚBLICAS PENDIENTES
A raíz de las inconsistencias en la ejecución del gasto público en las que ha incurrido el gobierno de Oaxaca durante los últimos seis años, el Congreso local se ha negado a probar las cuentas públicas de 2018 y 2019, al tiempo que la cuenta pública de 2020 cuenta con un dictamen negativo.
Mientras tanto, la Comisión de Vigilancia al OSFE resaltó que en la Cuenta Pública de 2021 también han sido halladas múltiples inconsistencias, que apuntan a un nuevo dictamen negativo, lo mismo que ocurre con el avance al primero semestre de 2022.
LAS CIFRAS
Dependencias con más recursos sin solventar, según el OSFE (2017-primer semestre de 2022)
Sinfra $117,811,000
UABJO $ 108,966,000
SAPAO $89,546,000
Sedapa $36,282,000
CSEIO $33, 793,000
CEA $28,117,000
Cobao $26,774,000
Iocifed $23,072,000
Otros
CECyTE $20,520,000
Secretaría de Turismo $17,641,000
UTM $17,997,000
Fiscalía de Oaxaca $14,588,000
Consejo de la Judicatura $13,507,000
IEBO $10,011,000
CAO. $7,555,000
Universidad del Mar $7,112,000
IEEPO $7,642,000
IEEPCO. $6,966,000
Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad $6,462,000
SSP $5,078,000
