Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 28 de octubre de 2022.- Del año 2019 a junio de 2022, se tienen registrados 12 expedientes relacionados con el homicidio de personas defensoras de derechos humanos, y dos casos por desaparición de personas defensoras.
Ello lo reveló la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a través de un comunicado, al expresar su condena por el asesinato del activista Filogonio Martínez, defensor del río “Verde” en la región Costa, perpetrado el miércoles en Santiago Jamiltepec.
Además, de 2015 al 27 de octubre de 2022, ha iniciado 283 investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos de personas defensoras y entre las autoridades más señaladas se encuentran la Fiscalía General del Estado con el 26%, la Secretaría de Seguridad Pública con el 19% y los ayuntamientos con el 11% de los señalamientos.
Por su parte, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación informó en junio de 2022 que mantenía incorporadas a mil 68 personas defensoras en todo el país, de las cuales, 131 procedían de la entidad, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional.
Esta misma institución destacó que, entre diciembre de 2018 y junio de 2022, tenía documentados 106 homicidios de personas defensoras de derechos humanos en todo el país, de los cuales, 16 se registraron en Oaxaca.
En ese contexto, la DDHPO condenó el asesinato de Filogonio Martínez, ex agente municipal de Paso de la Reyna y defensor de derechos humanos, ocurrido en la comunidad de Piedra Blanca, Santiago Jamiltepec, por lo que solicitó a las autoridades garantías de seguridad en la zona, así como una investigación pronta y expedita.
Por los hechos, el organismo autónomo inició el expediente DDHPO/CA/0013/RC/(09)/OAX/2022, a través del cual se requirieron medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad Pública y en colaboración a la Guardia Nacional, para que garanticen condiciones de seguridad en la zona.
Asimismo, se pidió a la Fiscalía General del Estado que realice las investigaciones pertinentes para que el caso no quede en la impunidad, además de medidas de protección para las víctimas directas e indirectas que permitan garantizar su integridad.
