Evlin Aragón/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de octubre de 2019.- “Las mujeres periodistas se enfrentan a contextos sumamente violentos al momento de realizar la cobertura noticiosa diaria y de investigación”.
Con esta premisa inició la presentación del informe “Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas 2012-2018”, elaborado por la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
Intimidaciones, censuras, campañas de desprestigio, despidos a modo, violencia física y sexual, desplazamiento forzado y exilio son las principales violencias a las que se enfrentan principalmente las mujeres que se dedican al periodismo en el país y el estado.
De acuerdo con el informe 448 mujeres periodistas fueron agredidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, periodo en el cual se incrementaron los casos en un 341 por ciento con relación a los registrados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“Ser periodista en un estado donde impera la violencia de género es ser doble o triplemente vulnerable a los ataques de cualquier tipo de violencia”, refiere la periodista Citlalli López Velásquez, quien además dio a conocer que en Oaxaca 54 mujeres fueron agredidas durante la administración peñista, dos de ellas incluso asesinadas: María del Sol Cruz Jarquin y Judith Paula Santiago Ramírez, convirtiendo a la entidad en la que registra mayor número de feminicidios de mujeres en los medios de comunicación.
ALTO RIESGO
Oaxaca se ha convertido en uno de los cinco estados donde el periodismo es una profesión de alto riesgo para las mujeres, únicamente por debajo de Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Coahuila, en la mayoría de los casos las periodistas se han enfrentado a campañas de difamación y desprestigio en el espacio público.
El documento presentado la tarde de este miércoles, que pretende ser una radiografía para visibilizar las violencias y los impactos que ésta tiene, pone de manifiesto que los principales agresores de las mujeres periodistas son funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, candidatos o militantes de algún partido político y grupos armados civiles.
Mientras que la fuente o cobertura con mayor riesgo son seguridad pública y política, investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero, estructuras criminales, tráfico de influencias, movimientos sociales, derechos humanos, desaparición y trata de personas.
De acuerdo con Adriana Ramírez, representante de CIMAC, del total de las agresiones registradas durante el sexenio de Peña Nieto, 11 fueron feminicidios, 7 casos de desplazamiento forzado y dos exilios, estos últimos se hicieron presente en esta administración debido a la impunidad al interior de las dependencias de procuración de justicia.
OAXACA, GRAVE
Durante la presentación del informe Christian Jiménez, reportera de “E Universal” Oaxaca recordó que fue en septiembre del 2018 cuando fue agredida físicamente, luego de recibir una serie de amenazas que minimizó en un primer momento debido a la cobertura que realizaba de temas de género.
De acuerdo con la periodista después de la agresión –que le ha dejado secuelas físicas hasta el momento– puso su denuncia.
Sin embargo, a más de un año de los hechos el proceso no cuenta con ningún tipo de avance, las autoridades de procuración de justicia han sido inoperantes, el mecanismo federal de Protección a Periodistas no ha contactado a la oaxaqueña, que únicamente recibió apoyo de las organizaciones sociales.
“Cuando eres parte de una estadística comprendes que ya no te puedes quedar callada, que debes continuar siendo el vínculo para dar a conocer lo qué pasa día a día las mujeres al salir a la calle”, manifestó al momento de compartir su experiencia.
EXILIADA EN EXTRANJERO
Mientras que vía telefónica, Ana Luisa Cantoral, periodista oaxaqueña con más de 20 años de experiencia, relató que debido a las amenazas de muerte que recibió se vio obligada a dejar el estado y pedir asilo en el extranjero donde actualmente radica.
Explicó que fue después de publicar y darle seguimiento al caso de una joven mujer que fue rociada con gasolina y posteriormente le prendieron fuego, que empezaron las amenazas e intimidación en su contra, de hecho aseguró que personas encapuchadas se hacían presentes a las afueras de su casa, acciones que no disminuyeron con el mecanismo de Protección a Periodistas, por lo que recurrió al desplazamiento forzado para salvaguardar su integridad física y la de su familia.
“Tristemente tuve que dejar mi casa, mis familia, mis amigos y el trabajo que tanto me gusta; ahora me encuentro en otro país y me siguen mandando amenazas pese a que ya cambié de numero y correo electrónico, es increíble como siguen tratando de intimidar a quienes buscamos dar a conocer los injusticias sociales”, dijo.
Dijo que los acosos provinieron de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado; lamentó su desplazamiento forzada por tiempo indefinido, pero aún más que no exista el compromiso por parte de las autoridades para garantizar que pueda desempeñar el ejercicio periodístico de forma segura y que le permita volver a Oaxaca.
Las participantes en la presentación del informe, incluidas la periodista Paulina Ríos y la activista y defensora de derechos humanos, Yesica Sánchez Maya, coincidieron en la inoperancia del Estado para garantizar la seguridad de las periodistas, así como en la impunidad que aún impera y que impide que se haga justicia en los casos ya registrados.
Se recordó también el caso de María del Sol Cruz Jarquín, cuya madre, la periodista Soledad Jarquín, ha insistido en la necesidad de que haya justicia, a año y medio del crimen de la fotoperidista.
Asimismo, de la grave impunidad que permea en la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Rubén Vasconcelos Méndez, se niega incluso a recibir a las familias de las víctimas.
De acuerdo con el documento, las periodistas han decidido apostar a organizarse para protegerse, la mayoría de las veces de manera informal, horizontal y solidaria, tarea que debe mantenerse incluso para exigir responsabilidad al Estado y los dueños de los medios de comunicación a fin de que se mejoren las condiciones laborales en que se ejerce el periodismo en Oaxaca y el país.
