Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 2 de enero de 2023.- El futuro del 2022 en lo que concierne al ejercicio periodístico en México parecía encaminarse a un sólo rumbo: convertirse en el más violento de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Y tal cual se pronosticó, el año cerró como el que mayor cantidad de periodistas asesinados registró en un gobierno caracterizado por las constantes descalificaciones a la prensa crítica/opositora.
Las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) registraron 12 y 11, respectivamente, homicidios de comunicadores en el 2022; mientras que el Gobierno Federal ha considerado 13 asesinatos como agresión a la libertad de expresión – con dos casos que se descartaron como tal, aún con las exigencias del gremio por investigarlo como violencia a la prensa.
Sin embargo, aún cuando las fuentes varían de uno a dos asesinatos, la realidad es que cualquiera de las tres superan al número reportado en 2019, el cual ahora se posiciona como el segundo más violento del sexenio con 10 homicidios, según Artículo 19.
José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez, Sheila Johana García, Yessenia Mollinedo Falconi, Antonio de la Cruz, Ernesto Méndez, Juan Arjón López y Fredid Román Román: 15 periodistas por quienes se grita justicia y exige verdad; 15 historias que, en su mayoría, volvieron a evidenciar un gobierno incapaz de garantizar su protección, libre ejercicio o, en el peor de los casos, justicia por su muerte.
En mayo del 2022, el Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja declaró que, a ojos del Federativo, los asesinatos de Jorge Luis Camero y Roberto Toledo (de Monitor Michoacán) no representaron una agresión a la prensa, pues las víctimas ya no ejercían el oficio para el momento de su asesinato.
La línea del caso de Camero fue redireccionado a un posible vínculo con el crimen organizado en razón de sus funciones públicas. En tanto, el asesinato de Toledo se descartó – casi inmediatamente – como un atentado a la libertad de expresión por supuestamente ejercer en un despacho de abogados, según el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas.
Dicha declaración contradijo al testimonio con el que Armando Linares, director de Monitor Michoacán, abogó por Toledo quien denunciaba favoritismo dentro de la policía local en los escritos que publicaba como colaborador ocasional, los cuales no solía firmar “para evitar problemas”. Esto, debido a que el propio medio ya había sido amenazado por “exhibir corrupciones de políticos y funcionarios”.
Pese a su declaración, el Federal no consideró o investigó el caso de Toledo como un atentado a la prensa. Y para el 15 de marzo, casi dos meses después, las amenazas en contra del medio y del propio Armando Linares derivaron en su asesinato por varios impactos de arma de fuego.
El reportaje completo es de Infobae, que puede consultar aquí:
