Yuridiana Sosa/ Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 4 de enero de 2023.- Ante la ausencia del gobierno para frenar los abusos contra las personas retenidas en Santo Domingo Teojomulco desde hace más de siete meses, sus familiares recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los hechos en los que tanto autoridades municipales salientes como presuntamente entrantes están implicadas.
Los afectados con la detención de un grupo de personas, entre las que se encuentran una mujer y su bebé y una ex autoridad municipal, revelaron la serie de violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde hace varios años en la población con detenciones arbitrarias, sentencias ilegales y costosas multas.
El más reciente hecho en el que se encarceló a Érika Marina Díaz Martínez, Rubén Gutiérrez Silva y Rubén Salvador Martínez expone la dura situación política y social en la comunidad que el pasado 1 de enero tuvo relevo de autoridades municipales bajo el régimen de Sistemas Normativos Indígena.
De acuerdo a lo denunciado por los familiares y ciudadanos, durante la gestión del ex presidente Otoniel Cruz Díaz, el actual edil Uriel León Venegas fungió como presidente de la Comisión Revisora, misma que determinó que supuestamente Érika Díaz Martínez y Rubén Gutiérrez Silva cometieron desvío de recursos de la gasolinera comunitaria de la que eran administradores, pero que a su vez ordenaron se ostentan como dueños.
Por dicho delito las autoridades municipales emitieron una sentencia de 15 y seis años de cárcel, sin derecho a la defensa legal, así como pagar 11 millones de pesos según la según una auditoría realizada por Saúl Mesinas Quero, afin a León Venegas.
Otro de los detenidos hace siete meses es el anterior Alcalde Primero, Rubén Salvador Martínez, quien en la asamblea en la que se condenó a los administradores de la gasolinera, hace más de siete meses, intervino su favor, y fue sentenciado a tres años de cárcel por fotografiar como evidencia a Érika amamantando a su bebé dentro de la cárcel municipal. Pero, además, el actual edil se opone a que Salvador Martínez sea notificado en la cárcel, pues niega dichos hechos.
Por seis meses también estuvo encarcelado otro ex regidor, Avelino González, quien tuvo que pagar 50 mil pesos a la sindicatura para quedar en libertad.
Los afectados reconocen que la anterior administración del estado fue omisa, y ha sido por las redes sociales que se ha podido difundir este caso a partir de octubre, cuando a cinco meses del hecho la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tomó conocimiento y dictó medidas cautelares que hasta ahora no se cumplen.
Por lo que exigen que el actual gobernador, Salomón Jara, aplique la ley e impida la comisión de abusos sustentados en supuestos usos y costumbres.
OTROS CASOS
En Santo Domingo Teojomulco las familias viven bajo el temor de ser objeto de los abusos de la autoridad, principalmente de quienes por alguna razón son encarcelados.
Desde hace varios años se realizan detenciones contra quienes consumen una droga – tras su regreso como jornaleros en Estados Unidos- que, en lugar de canalizarlos a centros de rehabilitación, los envían a las mazmorras donde permanecen meses y hasta años, o para salir deben pagar varios miles de pesos.
El habitante Julián Ruiz Ayuso, originario de Teojomulco, evidenció su caso en conferencia de prensa de este 4 de enero en la capital del estado, frente a Palacio de Gobierno.
Expuso que estuvo en la cárcel municipal por ocho meses al dar positivo a una prueba por consumo de drogas. Su detención fue con violencia y para su libertad el 31 de diciembre pagó ocho mil pesos, pero fue expulsado de la comunidad.
Durante su encarcelamiento, dijo, recibió tortura; entre los hechos relató que una noche el Jefe de Policía, Bartolo López Martínez, lo extrajo de la cárcel municipal y junto con otros policías lo llevaron al río Guanacastle para golpearlo brutalmente, supuestamente por ser rebelde.
En la comunidad pocos se atreven a denunciar las violaciones por temor a ser expulsados, a ser víctimas de despojo de bienes o ser encarcelados.
La mazmorra es el sótano del palacio municipal, donde no existen condiciones para permanecer; no cuentan con baños, ni luz del sol, así como aplican restricciones en las visitas.
