Néstor Y. Sánchez Islas.
Dormir es una actividad biológica natural a la que dedicaremos la tercera parte de nuestra vida. No confundir descanso, y el derecho a descansar con el derecho a dormir. Descansar no necesariamente es dormir. Y dejemos de lado en esta ocasión los problemas para conciliar el sueño y que son abordados desde el punto de vista médico.
El derecho a dormir, en esta ocasión, es el derecho a vivir sin ruido, por lo menos por las noches. No solo es nuestra ciudad, es un fenómeno mundial el aumento de contaminación acústica y luminosa, ambos contaminantes regulados por leyes y reglamentos, pero ignorados, por un lado, por las autoridades municipales y estatales y, por el otro, por los generadores de ruido a quienes no importa nadie más que ellos mismos y su diversión.
En una superficial búsqueda en internet apareció una ley estatal publicada en julio de 1968 y decretada por el gobernador Rodolfo Brena Torres llamada “Ley de protección contra el ruido en el estado de Oaxaca”.
Este documento oficial evidencia que el problema del ruido no es nada nuevo y aumenta cada día. Se declaró “de utilidad pública la conservación de la tranquilidad de los habitantes de Oaxaca a través de la aplicación de esa ley”, que reglamentó ruidos y sonidos producidos por la actividad humana. La aplicación de dicha ley quedó en manos de la policía en la ciudad capital, y por los municipios en el interior del estado.
Prohibió aquella ley los escapes abiertos de autos y camiones, “claxons”, bocinas y sirenas, altavoces para difundir actividades religiosas fuera de los templos, los altavoces de propaganda comercial como los de los tamales, el pan o el fierro viejo, por ejemplo, los altavoces en las ferias y cotompintos, restringió el uso de cohetes y artificios de pólvora a un horario de las 6 las 22 horas, así como las calendas.
Serenatas y mañanitas escandalosas, sinfonolas, rocolas e instrumentos musicales, salones de fiesta, discotecas, cafés, casinos y edificios en donde se celebren bailes públicos deberán aislar sus locales a fin de que el ruido no trascienda al exterior.
Como sanción establecía multas de $25 a $100 y las reincidencias con el doble del monto a pagar y se debería llevar un registro de infractores para calificar la reincidencia y la contumacia.
En enero de 1978, Jesús Martínez Álvarez, publicó un reglamento que normó el funcionamiento de aparatos de sonido en la capital del estado. Por lo pronto, se debería pedir permiso y pagar los impuestos respectivos para instalar las ruidosas bocinas, con restricciones respecto a la cercanía de escuelas, bibliotecas, hospitales o sanatorios. El horario permitido era de las 11 a las 23 horas, pero para los cabarés de las 19 a las 24 horas. El perifoneo, los vehículos que circulan con altoparlantes quedaron prohibidos. Las multas eran de $100 a $200 y los encargados de hacer valer el reglamento eran los inspectores municipales.
La búsqueda arrojó otro resultado. En agosto de 2020 el Congreso local publicó un exhorto al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable para verificar que las fuentes de ruido se sometan a la Norma Oficial Mexicana 081-Semarnat-1994, que se haga un campaña de descontaminación acústica y se invite a los gobiernos municipales a reglamentar la contaminación acústica en sus comunidades.
El problema del ruido no es nuevo, pero se ha agudizado. Cada vez hay más fuentes de ruido, desde calendas para bodas o graduaciones, bares, cantinas, mezcalerías, terrazas comerciales y salones de fiesta en medio de zonas habitacionales. Y, a pesar de haber leyes y reglamentos vivimos en la indefensión porque no hay autoridad que quiera hacer valer su autoridad.
Al paso que vamos con la gentrificación de la ciudad y la necesidad de atender la vida nocturna de los turistas convertirán la necesidad biológica dormir en un auténtico privilegio. El exceso de ruido y luces es un atentado contra nuestra propia biología.
Dormir es un acto natural e indispensable para el sostenimiento de la vida. No hay forma de vivir sin dormir. Impedir el sueño es un acto de tortura debidamente documentado a lo largo y ancho del mundo.
No es una utopía pensar que se debería declarar el acto de dormir como un derecho para que éste sea tutelado por el Estado para hacerlo respetar. Dormir es tan necesario y natural como comer, tomar agua o ir al baño.
No hay justificación para que las autoridades responsables no actúen contra calendas y mayordomías que lanzan cuetes para celebrar a sus santos patrones desde una semana antes, durante toda la noche y una semana después.
No hay excusa para no obligar a los dueños de los céntricos salones de fiestas, terrazas comerciales para invertir en lo necesario para mitigar los daños que provocan. No se debe excusar al vecino ruidoso que nunca falta y que, pretextando estar dentro de su casa, provoca molestias que trascienden su propiedad.
