Néstor Y. Sánchez Islas
Peligrosa la deriva del régimen en que no tardaremos en pasar de los libros prohibidos a la prohibición de libros, de las ideas y del conocimiento. No es una acción aislada, es parte del plan de demolición institucional contra México para quedarse en el poder hasta la eternidad.
Marx Arriaga, director de materiales educativos de la SEP declaró en un seminario virtual el 22 de febrero pasado: “El gran reto (de la SEP) es hacer entender a toda esa gente que se ha dedicado a comercializar la educación que deje de lado la educación…y permitan que el sueño de la izquierda se haga real.”
En el mismo evento agregó que en el próximo ciclo escolar: “los libros de texto de secundaria editados por la iniciativa privada serán ilegales.”
Prohibir libros es abiertamente una postura ultraconservadora y fascista del poder y una negación absurda de la diversidad de pensamiento. Cerrar el paso a la diversidad es volver a los años de la Inquisición, acotar todo intento de creación que no concuerde con la versión oficial, poner grilletes a la imaginación y cortar las alas a la juventud.
Existe la intención manifiesta de acabar con la educación privada del país, que representa más o menos un 15% de la matrícula nacional. Pero también tiene el régimen la intención de apropiarse de todas las instituciones públicas de educación superior.
La Universidad de Sonora está bajo ataque y, apenas el jueves pasado, usando al diputado oaxaqueño Armando Contreras como ariete, propuso López Obrador atacar la autonomía de la UNAM.
La embestida de la retardataria propuesta del oaxaqueño consiste en cambiar el método de elección del rector.
Quitarle a la junta de gobierno de la institución esa facultad, integrada por reconocidos académicos, y cambiar a un supuesto modelo democrático de elección que incluya a la masa fácilmente manipulable de estudiantes, fósiles y porros.
Oaxaca tiene experiencia tanto en el intento de control ideológico de los estudiantes como en la pretensión de seleccionar al rector a través de elecciones.
La fracasada construcción de aquella utópica universidad “crítica, científica y popular” que no fue más que la apropiación de la institución y su presupuesto por parte de las mafias políticas y sindicales.
Al pueblo de Oaxaca y a sus jóvenes se les arrebató una institución de prestigio y se entregó al servicio de sus sindicatos, mismos que ajenos a la academia, la han colocado en el último lugar del país.
Una vez que el gobierno estatal y federal cedieron al sindicato magisterial el control de la educación básica y media superior, Oaxaca cayó a el último lugar de aprovechamiento escolar, pero los primeros en conflictividad, ausentismo y holgazanería.
Hoy Oaxaca les demanda responsabilidad a todos aquellos políticos que cedieron la plaza. Se fueron, pero nos dejaron bajo el control de estos grupos rentistas, mafiosos e improductivos.
La consecuencia de privilegiar la ideología sobre la realidad, la razón y la ciencia la han padecido muchas generaciones de niños y jóvenes, hoy convertidos en adultos que egresan de las escuelas públicas sin las competencias necesarias para integrarse al mundo tecnológico que les toca vivir.
Usar como excusa el idealismo, la liberación, la “decolonización”, la “deconstrucción” o asumirse como idealista o humanista solo es una forma de manipulación que confunde y los enfrenta con el mundo real porque crecen de la capacidad para comprender posturas sociológicas o filosóficas de vanguardia.
Los normalistas, con una supuesta lucha social que se reduce a la búsqueda de una plaza vitalicia, pasando por encima del bienestar general son el ejemplo de la falsación de supuesta superioridad moral, de la creación de comunidad, de la superación y creación de un hombre nuevo, de justicia o mucho menos de igualdad.
La prohibición de libros no será nada nuevo. Sobran los malos ejemplos. Desde los años de la Colonia española cuya Inquisición censuró durante siglos la llegada de libros de Europa para evitar los textos subversivos contra el régimen y la religión.
En el siglo pasado el PRI censuró “Aura” de Carlos Fuentes, “La sombra del caudillo” de Martín Luis Guzmán o “Los días terrenales” de José Revueltas.
Declarar ilegal a un libro, además de ridículo, es declarar ilegal al pensamiento. Los libros son la diversidad, la liberación, el conocimiento y, por si fuera poco, fuente de empleo de miles de personas del mundo editorial. Podrán declarar ilegales los libros que quieran, pero no acabarán con el conocimiento que guardan.
No se detendrán, pronto sabremos de algún decreto presidencial que respaldará al radical Marx Arriaga. Al régimen se la acaba el tiempo y se quita todas las máscaras.
Abiertamente va contra la ciencia, la lógica y la razón, pero también contra la educación porque necesita convertir a las escuelas en centros de adoctrinamiento más que en centros de enseñanza y aprendizaje. Necesitan jóvenes dóciles y de fácil manipulación.
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