Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de abril de 2023.- A casi cinco meses de haber iniciado la administración de Salomón Jara Cruz, 23 organizaciones y colectivas, así como 57 mujeres de diversas representaciones de la sociedad civil, feministas y víctimas de violencia, alertaron sobre el grave riesgo en el que se encuentran las mujeres, y principalmente las niñas, ante la imparable violencia feminicida en Oaxaca y exigieron al Estado atender esta problemática de manera inmediata.
Denunciaron que los feminicidios siguen incrementándose en total impunidad, indiferencia institucional y al amparo del Ejecutivo estatal, quien con su omisión como gobernante en turno ha perpetuado una política de Estado que no solo olvida y revictimiza a las mujeres, sino que solapa la violencia de género.
“Un caso concreto es el solapamiento de impunidad de Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados por la Paz del gobierno del Estado, y acusado de violencia de género, cuya permanencia en la actual administración constituye en sí mismo un mensaje permisivo del feminicidio en Oaxaca”, acusaron a través de un pronunciamiento público.
Aunado a ello –señalaron- se han remitido denuncias a las Instancias, sin embargo las respuestas han sido dilatadas o nulas, especialmente en las comunidades, donde el aparato de Estado ha permanecido pasivo.
Y recriminaron que tampoco se hayan hecho públicas las acciones para alcanzar la paridad en este 2023 en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A través de este documento, exigieron a Salomón Jara Cruz asumir una postura clara y sin ambigüedades ante la violencia feminicida: pasar del discurso institucional a las acciones concretas, políticas públicas eficaces y justicia para las víctimas.
Acorde con ello, urgieron a las dependencias a establecer coordinación interinstitucional para atender las denuncias de mujeres víctimas: “Exigimos que las dependencias gubernamentales, como es el caso de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), accionen una política de Estado de Emergencia y acorde a la alerta de género”.
Además, exigieron a la Fiscalía que haga públicas las estrategias de rezago de ejecución de órdenes de protección, además de conocer de qué manera va a contribuir a la erradicación del feminicidio desde su campo de acción.
Cabe destacar que tan solo del 1 de diciembre al día de hoy, de acuerdo con la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca, se han registrado al menos 51 asesinatos de mujeres en la entidad; cada uno de ellos con más crueldad que el anterior, dejando una estela de dolor e injusticia en las familias de las víctimas.
Apenas el 15 de abril pasado, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán en los Valles Centrales de Oaxaca, Keyla, una joven de 21 años, fue rociada con thinner por su pareja, quien no conforme con esa acción, procedió a prenderle fuego directamente, provocándole con ello, quemaduras de segundo y tercer grado.
Carlos “N”, identificado como el agresor de Keyla, fue vinculado a proceso; sin embargo, el juez consideró que no existía la intención de matarla, por lo que reclasificó el delito por “alteraciones a la salud por razón de género”, un delito que no es legalmente considerado grave.
“Es lamentable que en ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) no se aboque a aplicar criterios con perspectiva de género, favoreciendo con ello a los agresores y feminicidas”, subrayaron.
