Néstor Y. Sánchez Islas.
Entre las leyes aprobadas durante la noche negra de 29 de abril por el senado se encuentra la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología eInnovación. Fue una promesa presidencial, como lo es también el hecho de que se trata de una imposición autoritaria agravada por la inclusión del ejército y la marina en su Consejo General.
Este gobierno se caracterizó por la urgencia del presidente por demostrar quién manda. Así como por un lado canceló el nuevo aeropuerto de la Cdmx y tiró a la basura miles de millones de pesos, también inició una brutal persecución policiaca contra la comunidad científica del país a la que acusó no solo de corrupta sino de delincuencia organizada, provocando un escándalo que llegó a los foros internacionales por lo irracional, agresiva y estúpida. El crimen de esos científicos fue practicar una ciencia neoliberal, según el comité central que domina la 4T.
El afán reivindicatorio los llevó a proponer para México y el mundo una nueva ciencia, una antineoliberal, un invención que ni la misma Ma. Elena Álvarez-Buylla puede definir. Ni ellos ni nosotros sabemos hasta el día de hoy en que consiste, cuáles son sus metodologías y qué la hace diferente.
El esfuerzo legitimador del oficialismo se basa en convertir la ciencia en un derecho humano, uno más que el gobierno no podrá cumplir, por lo que no pasará de ser solo un buen deseo. Hay otros derechos como lo son a la seguridad, a la salud o a la alimentación que también forman parte del discurso, pero no de la realidad. Al modelo anterior lo señalan de corrupto, neoliberal y elitista. Y es cierto, la práctica de la ciencia es elitista porque no cualquiera tiene las habilidades intelectuales para ejercerla. El dinero no otorga lo que natura niega; las elites intelectuales poco tienen que ver con las elites económicas, señor presidente.
Primero, persiguió y amenazó a la comunidad científica con cárcel y luego el mismo gobierno persecutor los invitó a sentarse a la mesa a dialogar. Nadie puede pensar libremente con una espada de Damocles encima de la testa, pero es justificación para afirmar que se les tomó en cuenta y que ellos no quisieron participar.
La nueva ley está disponible en internet. Es un archivo de 128 páginas que cuenta con una muy larga introducción.
Es una ley absolutamente centralista y exageradamente vertical, lo que la convierte en autoritaria. Le otorga demasiado poder al titular del Conachyt en detrimento de la voz de la comunidad. En pocas palabras: el que manda, manda y, sí se equivoca, vuelve a mandar. La ley ordena que las directrices de investigación las defina el gobierno, lo que atenta contra la libertad de investigación porque quedará supeditada ésta a lo que la autoridad considere relevante o estratégico.
Dice que el Estado aportará fondos, pero no pone un tabulador. Sí antes de este cambio no se invertía lo que la ley señalaba, ahora todo quedará a la buena voluntad de la disposición presupuestaria. Basta con que el Congreso no etiquete fondos para acabarla de un plumazo.
Hace una profunda discriminación contra los estudiantes de escuelas privadas, como si la mala calidad de la educación que otorga el Estado no empujara a las familias a buscar la educación privada. También solo apoyará a investigadores de instituciones públicas, por lo que instituciones tan corruptas como la UABJO tendrán más oportunidad como instituciones de excelencia como el ITAM o el TEC de Monterrey.
Sin decirlo abiertamente, la nueva ley expropia la propiedad intelectual de las investigaciones por el hecho de otorgar becas sin analizar que el otorgamiento de apoyos es una obligación del Estado y que el esfuerzo intelectual es propiedad del individuo. Esto es una forma perversa de desincentivar el desarrollo científico en aras de un supuesto beneficio de la comunidad.
Lo que no sucedía antes ahora está en la ley: el ejército y la marina serán parte del Consejo Directivo que decidirá que es relevante o prioritario para la ciencia.
En esta época en que está probada científicamente la disminución del coeficiente intelectual de las nuevas generaciones resulta suicida crear una ley con fines ideológicos. No lo dice abiertamente, pero al dejar todas las decisiones en una sola persona designada por el presidente ya sabemos hacia donde llevarán las cosas: rectoría económica del Estado y planificación centralizada, legitimada sobre un discurso nacionalista y populista como lo menciona la ley en su pretensión de consolidar la nueva escuela mexicana basada en las Epistemologías del Sur de Boaventura Do Sousa Santos, sociólogo portugués que descalifica el conocimiento occidental y la modernidad a la que hace responsable del sufrimiento global. Su receta es “lucha y resistencia” desde el sur global: chantaje social.
Me pregunto si los equipos y tratamientos médicos de vanguardia que aplican al presidente y su familia vienen del occidente asesino o del sur ancestral.
