Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de noviembre de 2019.- El dirigente de la Asamblea de los Pueblos Indígenas-Partido Unidad Popular (API-PUP), Uriel Díaz Caballero, calificó de reprobable e ilegal el desalojo de las familias en los parajes “Loma del Quío”, Los Mangales” y “El Coquito” pertenecientes al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.
En entrevista, indicó que los agresores carecen de una acción legal que avale el desalojo violento de las viviendas, ni resolución de algún juez o tribunal que justificara dicha acción, mucho menos hay un decreto de expropiación de las tierras por lo que a todas luces se trata de una imposición del gobierno de Oaxaca.
“El gobierno continúa con sus vicios de represión, imposición y beneficios para algunos cuantos porque en estos hechos no hay una acción legal que permita demostrar que tenían la razón”, dijo.
Aseguró que las víctimas son militantes de la API por lo que respaldar su exigencia de justicia a la par que lamentó que los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional en lugar de poner orden, se retiraron del lugar y dejaron en la indefensión a la población que era atacada por sicarios.
“Son comités comunitaria de la API quienes resultaron afectados por ello estaremos aquí respaldando, exigiendo justicia y que se respeten los derechos de las personas y del pueblo” expresó.
Díaz Caballero exigió atención integral a las víctimas y que puedan recuperar sus pertenencias y viviendas de las cuales tienen una constancia de posesión, a la par que insistió que no hay ninguna prueba de que los afectados estuvieran incurrieran en actos ilegales para instalarse ahí.
“Ello son posesionarios, tienen la documentación expedida por el comisariado, no hay razón que avale o justifique la violencia que ejercieron en su contra”, sentenció.
GUARDA SILENCIO
Mientras que el edil de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, no ha hecho comentarios al respecto, en sus redes sociales no existe ninguna publicación referente al desalojo violento y la participación de la Policía Municipal.
Únicamente trascendió una breve entrevista que concedió a un medio de comunicación nacional en la que aseguró se trató de un conflicto por terrenos de la Comisaría de Bienes Comunales.
Al igual que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien en entrevista colectiva con medios locales de información se limitó a decir que era un problema agrario y que la Fiscalía General de Justicia se encontraba indagando, ello pese a que la instancia no había entrado a la zona de acuerdo con las víctimas de los hechos, ocurridos el pasado martes.
