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Militarización en México sigue poniendo en riesgo los derechos humanos

por Agencia Zona Roja
Guardia Nacional en Tuxtepec Oaxaca

Redacción/Zona Roja Cdmx.

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2023.-La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) alertó en su más reciente informe «Transformación militarizada» , presentado este 6 de septiembre, que la militarización en México sin controles civiles sigue poniendo en riesgo los derechos humanos.

El informe reveló que las fuerzas militares mantienen alarmantes deficiencias en el registro de las detenciones ejecutadas por su personal, pues documentó que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional han sido omisas y no registran las detenciones que realizan en el Registro Nacional de Detenciones (RND) —herramienta creada en 2019 para proteger los derechos humanos—, pese a que por ley están obligadas a hacerlo.

En el caso de la Sedena, en 2022, la dependencia le reportó a WOLA la cifra de 7,370 personas detenidas en flagrancia por su personal y la Semar le reportó un total de 1,996. Sin embargo, el RND solamente registró 2,066 personas detenidas por fuerzas militares en ese año; lo que representa que cerca del 80% de las detenciones no fueron registradas.

«Si las discrepancias referidas no se deben a limitaciones en el acceso o la transmisión de la información que obra en el RND —factor que no podemos descartar—, entonces sugieren que la mayoría de las detenciones militares o no se registran en el RND, o bien son registradas de una manera que no permita saber que fueron realizadas por personal militar», subraya WOLA en su informe.

Además de que existe un subregistro de personas detenidas por las Fuerzas Armadas de México, el informe advierte también que de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2022 se iniciaron más de 100 investigaciones en contra de uno o más elementos de la Sedena, Semar y la GN, la mayoría de ellas continúan en la impunidad, las cuales incluyen:

17 investigaciones por tortura a integrantes de la Sedena; nueve en el caso de la Semar y 22 en el caso de la GN.

11 investigaciones por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las que se investiga a uno o más integrantes de la Sedena; cinco en el caso de la Semar y 42 en el caso de la GN.

18 investigaciones por desaparición forzada a miembros de la Sedena, siete en el caso de la Semar y tres en el caso de la GN.

Si bien WOLA reconoció que ha habido una reducción en el número y la letalidad de los enfrentamientos entre militares y civiles, los datos oficiales muestran que los índices de letalidad registrados por las fuerzas federales todavía rebasan los niveles esperados.

Respecto a los casos de ejecuciones arbitrarias por integrantes de las fuerzas federales en el presente sexenio, el informe apunta que se siguen documentado prácticas tendientes a obstaculizar el acceso a la verdad y la justicia que replican patrones vigentes desde sexenios anteriores.

Ante este panorama, la organización reiteró el llamado a fortalecer los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

Stephanie Brewer, directora de WOLA para México, insistió en que «el poder sin controles es un camino de alto riesgo para los derechos humanos» y que, en el caso del Estado mexicano se » está concentrando cada vez más poder en instituciones conocidas precisamente por su opacidad, y lo está haciendo sin controles civiles adecuados, en un proceso que será difícil de revertir”.

“Es fundamental transitar a la desmilitarización y apostar por instituciones civiles”, resaltó.

Pero pese a que este no es el primer informe que advierte sobre los riesgos de la militarización en México y de las omisiones en que fuerzas militares se han visto involucradas, como las recientes revelaciones de espionaje contra activistas con el malware Pegasus, o el ocultamiento de información en el caso Ayotzinapa:

«El presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de su gabinete han buscado transmitir el mensaje de que el Poder Judicial es el actor institucional responsable de la impunidad, pero los datos demuestran que la gran mayoría de delitos no llegan a ser presentados ante una autoridad judicial», puntualiza el informe.

Finalmente, entre varias recomendaciones incluidas en el informe, WOLA destacó la necesidad de fortalecer las capacidades y la rendición de cuentas de las instituciones policiales del país, así como de mejorar los resultados de las investigaciones penales.

(Información de “Expansión México”)

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