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Guatemala militariza frontera ante incursión del cártel de Sinaloa

por Agencia Zona Roja

Redacción/Zona Roja Cdmx.

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2023.- Las autoridades de Guatemala reforzaron la seguridad en su frontera con México con el despliegue de cerca de 2 mil militares y mil agentes de policía, en respuesta a la presencia de narcotraficantes del cártel de Sinaloa en el estado mexicano de Chiapas, colindante con su territorio.

La mayoría de estos refuerzos fueron enviados a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, considerados por la nación centroamericana como “estratégicos”, al contar con puntos ciegos donde convergen trasiego de drogas, contrabando y tráfico ilegal de migrantes.

De acuerdo con el subdirector de Operaciones de la Policía Nacional de Guatemala, David Boteo, Huehuetenango es una zona en la que se ha detectado el ingreso de grupos armados gracias a videos o fotos publicados por la población local en redes sociales, informó Prensa Libre.

Subrayó que por el momento no se han registrado enfrentamientos entre los criminales y las fuerzas de seguridad, pues se estima que estos grupos “han incursionado a hacer otro tipo de negocios”, con lo que el despliegue de seguridad es todavía de carácter preventivo.

Hay 35 mil extranjeros en centros de retención de EU

Según nuevos datos, más de 35 mil indocumentados fueron detenidos hasta el pasado día 10 en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la primera vez que las cifras son tan altas desde que comenzó la pandemia de covid-19, informa la agencia citada por el portal Border Report.

En este contexto, Christian Martínez, uno de los seis acusados en Texas en relación con los 53 indocumentados que fallecieron el año pasado dentro del contenedor de un tractocamión abandonado a pleno sol, se declaró culpable por su participación en la peor tragedia ocurrida en la historia del país en un intento de tráfico de personas desde México, informaron fiscales federales.

El acusado, de 29 años, representa la primera condena para el gobierno federal en el caso de la tragedia ocurrida en San Antonio en junio de 2022.

(Información de agencias en “La Jornada”)

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