Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 8 de noviembre de 2023.- La organización social Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) demandó a los gobiernos estatal y federal concretar en hechos las medidas cautelares emitidas por la CIDH, el pasado 1 de noviembre, a favor de 144 familias.
En un comunicado, expuso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio la razón al pueblo triqui al otorgar las medidas de protección internacional a 504 personas desplazadas hace casi tres años de Tierra Blanca Copala, localidad del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Por ello, en su petición dirigida a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa Alcalde, y del gobierno de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, exigieron una reunión para determinar lo que procede, principalmente el retorno a su comunidad.
El 1 de noviembre del 2023, a través de la resolución número 62/2023, la CIDH otorgó la medida cautelar MC-279-22 a las 144 familias triquis originarias de Tierra Blanca Copala, las cuales en diciembre de 2020 fueron desplazadas por la violencia.
Por ello, el organismo internacional solicita al Estado mexicano adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala que se encuentran desplazadas en la comunidad vecina de Yosoyuxi Copala.
En particular, se solicita adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad.
Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus
representantes; informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
En su comunicado, el MULTI añadió que esta acción por parte de la CIDH se suma a otros instrumentos nacionales que han buscado visibilizar la responsabilidad del gobierno a nivel estatal y federal en la prevención, atención y solución del fenómeno, como es el caso de la CNDH que en diversas ocasiones a emitido medidas cautelares y la recomendación 36/2022.
Además del Poder Judicial de la Federación que en julio del 2023, a través del amparo 1258/2022 fincaba responsabilidades al Estado mexicano y le ordenaba retornar a las familias desplazadas.
“En ambos casos, los funcionarios aplicaron medidas dilatorias y rechazaron rotundamente generar acciones en favor de las víctimas desplazadas.
“Las medidas cautelares solicitadas por la CIDH refuerzan la demanda que hemos tenido como movimiento desde hace casi tres años: retorno seguro y justicia”, agregó.
Expuso que en sus puntos 1 y 3, solicitan al Estado mexicano garantice el regreso de manera segura a las 144 familias desplazadas, se investigue y se sancione a los autores generadores de la violencia que dieron lugar al desplazamiento forzado de esta comunidad triqui y reitera que la impunidad y la falta de acción para investigar y sancionar actos de violencia pueden tener graves consecuencias e incluso provocar la repetición de estos hechos.
“A través de esta acción, la CIDH ha podido corroborar la simulación con la que los funcionarios federales y estatales han tratado el tema, tales como las mesas de diálogo que han instalado desde febrero del 2021 pero que, desde su instalación hasta la fecha no han logrado el objetivo central, que es el retorno de los desplazados, además del encubrimiento, omisión y complicidad que han tenido con el grupo paramilitar y caciquil que opera en la región triqui a través de la violencia y el miedo”.
Cabe recordarles a los funcionarios del Estado mexicano que, cuentan con un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la resolución para informar sobre la adopción de las medidas cautelares.
