Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 14 de noviembre de 2023.- Organizaciones civiles de Oaxaca denunciaron un grave retroceso en la recién aprobada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, pese a observaciones previas, por lo que interpondrán una serie de amparos para derogarla.
En conferencia de prensa, en el zócalo de la capital, diversos colectivos expertos en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes aseguraron que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura del Estado, Luis Alfonso Silva Romo, hizo caso omiso a los señalamientos sobre los agravios que detectaron en la nueva ley.
“Al conocer el texto de la nueva ley se hizo de conocimiento a Luis Alfonso Silva sobre la gravedad de dicha aprobación y se lavó las manos”, puntualizaron.
La representante de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, apuntó que ya se presentó un amparo judicial contra dicha ley, pero se encuentran en camino varios procesos más, como es uno por inconstitucionalidad, al considerar que representan retrocesos en varios apartados.
Dichos “pasos atrás”, dijeron, son con respecto a la ley anterior, la cual sigue vigente y con la que se contrapone, a su vez significa un colapso constitucional y un grave tropiezo de parte de la 65 Legislatura, pues ahora existirá confusión sobre que ley se ejecutará.
Los organismo civiles indicaron que sus observaciones fueron ignoradas también por parte de la diputada Xóchitl Jazmín Velásquez Vásquez, quien preside la Comisión Permanente de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y quien propuso dicha legislación.
Frente a ese panorama, denunciaron que el primer año de gobierno de Salomón Jara Cruz representa una falla a los derechos de la niñez y adolescencia oaxaqueña, por lo que exigieron cumpla con sus promesas de campaña en respetar esos derechos.
RETROCESOS
Las asociaciones indicaron que en la nueva ley no se reconocen a las niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derechos y presenta diversos vacíos legales.
La nueva ley, aprobada en septiembre y publicada en octubre, no reconoce de forma particular a los indígenas, afromexicanos; se ignora el tema cultural, derechos sexuales, carece de e lenguaje incluyente y no sexista y emplea términos retrógrados.
