David Méndez/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 6 de diciembre de 2023.- Desde cascos y chalecos antibalas que no fueron localizados, pero en los que se invirtieron cantidades millonarias, hasta recursos que le fueron entregados a 10 municipios sin que existan pruebas de que las obras se llevaron a cabo, son algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el último año de gobierno del hoy ex priista Alejandro Murat Hinojosa.
El organismo federal reportó que, hasta el momento, tras la publicación de dos de tres informes correspondientes a la Cuenta Publica 2022, a la pasada administración estatal le han sido halladas irregularidades financieras por más de 106 millones de pesos, que también incluyen observaciones por gastos ilegales en el 40 por ciento del erario que le fue entregado al Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet).
A aquellos 106 millones de pesos se suman a un universo de inconsistencias por más de 11 mil millones de pesos acumulado durante los otros cinco años que conformaron el gobierno de Murat, quien hace dos semanas renunció de manera oficial al PRI, que llevó al oriundo del Estado de México a la gubernatura de Oaxaca.
“Como persona y político me definen las acciones y los resultados. Así lo hice cuando fui diputado federal, cuando fui director del Infonavit y gobernador de Oaxaca”, sostuvo el ex mandatario, a través de un video divulgado en sus redes sociales la noche del viernes con el que anunció su salida del tricolor.
Sin embargo, Murat regresó a la escena política con más observaciones por el presunto tratamiento irregular dado por su administración a las finanzas públicas de Oaxaca.
LOS HALLAZGOS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que 37 millones 832 mil pesos de recursos gastados a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en 2022, fueron transferidos a 10 municipios que no presentaron ningún tipo de documentación que acredite que los dineros fueron ejecutados conforme a la ley.
Según la auditoría 1413, la Secretaría de Finanzas (Sefin) llevó a cabo las transferencias sin apegarse a los criterios demandados por la Federación.
Los municipios involucrados en tales irregularidades son Zimatlán de Álvarez, San Bernardo Mixtepec, Coicoyán de las Flores, San Juan Mazatlán, San Lorenzo Texmelucan, Santiago Astata, Santo Domingo Armenta, Santa María Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec y Nejapa de Madero.
“El gobierno del estado de Oaxaca, por medio de su Secretaria de Finanzas, transfirió recursos del FISE del ejercicio fiscal 2022 por 37 millones 832 mil pesos a 10 municipios para la ejecución del mismo número de proyectos, de los cuales no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que acredite que dichos recursos se comprometieron, devengaron y pagaron dentro de los plazos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, ni los expedientes técnicos que acrediten que las obras y acciones que en su caso se hubiesen pagado, se adjudicaron, contrataron y ejecutaron de conformidad con la normativa aplicable y que cumplen con los objetivos del fondo”, explicó la Auditoría.
Hasta el cierre de este reporte, el estatutos de la observación era “en tránsito de notificación”, por lo que ni un peso había sido aclarado por lo ayuntamientos o por la autoridad estatal.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal… por los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del ejercicio fiscal 2022 que fueron transferidos a 10 municipios de los que no presentaron la documentación que acredite que dichos recursos se destinaron a proyectos que cumplen con los objetivos del fondo y que se comprometieron, devengaron y pagaron dentro de los plazos establecidos en la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios…”, reiteró.
LOS SUBEJERCICIOS
Mientras tanto, en la auditoría 1403 se notificó una irregularidad por 11 millones 710 mil pesos por la utilización irregular de recursos correspondientes a ejercicios anteriores al 2022.
“No se presentaron evidencias que acredite que dichos recursos fueron devengados y pagados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, crítica el documento.
Los recursos observados pertenecían al Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2010 (PIFIT-2010) ITVO, por lo que la ASF ordenó que el monto y los intereses generados fueran devueltos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
NO HALLAN EQUIPOS
En la auditoría 1411, también fueron encontradas irregularidades en la ejecución de 8 millones 363 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal por no comprobar la existencia de diversos materiales y equipos supuestamente adquiridos en el contrato SESESP/FASP/LPE/AD/FED/012/2022.
Los bienes a los que la ASF hace referencia son 101 fornituras, 100 bastones policiales, 100 candados de mano, 10 cascos balísticos nivel III, 286 chalecos balísticos, 100 lámparas tácticas y 100 lámparas antigás.
“No se encontraron en el almacén (de la Policía Estatal de la SSP) ni se proporcionó evidencia de su existencia; tampoco se presentaron resguardos en los que se ubique la identificación de los bienes, el responsable, la fuente de financiamiento y el ejercicio fiscal”, explicó el documento.
En la misma auditoría, se alertó de otro posible quebranto a la hacienda pública; éste, por 884 mil 268 pesos que fueron gastados en la compra de 120 colchones y 60 literas que debieron haber sido puestos a disposición de la Policía Estatal, de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social y de la Dirección General del Sistema de Desarrollo Policial de la SSP.
EN ICAPET
La ASF halló irregularidades en el gasto de 36 millones de pesos en el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, de los cuales 22 millones 157 mil pesos corresponden a la realización de pagos superiores a lo autorizado en los conceptos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles e Inversión Pública.
La auditoría 1421 refiere que el Icapet recibió durante el ejercicio fiscal un total de 56.1 millones de pesos, de los cuales 52.5 millones de pesos destinó al rubro de Servicios Personales y 3.6 millones de pesos al concepto de Gastos de Operación.
Sin embargo, durante la auditoría, se estableció que de manera irregular se habían destinado 25.7 millones de pesos al rubro de gastos de operación, una diferencia de 22.1 millones de pesos según el anexo de ejecución definido en un principio.
Tal modificación, que también incluyó 186 mil 500 pesos para el pago de Bienes Muebles e Inmuebles –concepto no financiable–, se llevó a cabo sin la autorización de la Secretaría de Educación Pública por lo que se incurrió en anomalías.
Otras inconsistencias fueron por 5 millones 510 mil pesos, pues la misma auditoría 1421 indicó que se realizó el desembolso de aquella cantidad para el pago de 42 trabajadores que no acreditaron cumplir con el perfil académico para ocupar la plaza contratada y por no proporcionar el profesograma vigente al momento de la contratación.
Además, fueron encontradas inconsistencias por 4 millones 658 mil pesos por el pago de percepciones que no fueron autorizadas y que correspondieron a los conceptos de Ayudas Contrato, Incentivo Contrato, Canasta Básica, Remuneración al Desempeño Laboral, Días de Ajuste, Primer Bono Semestral y Segundo Bono Semestral.
La Auditoría Superior de la Federación demandó el reintegro de los recursos y, además, los réditos financieros que hayan causado desde el día de su recibimiento hasta el día de su regreso a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Otras inconsistencias ascendieron a 1 millón 811 mil pesos por realizar pagos de 70 plazas de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación, que excedieron a las autorizadas, pagar dos plazas no autorizadas y por no identificar las categorías de siete trabajadores en cumplimiento con la normativa.
Un millón 836 mil pesos más registran irregularidades después de que fueron detectados pagos superiores a los autorizados en el concepto de sueldo para personal de contrato confianza y mandos medios y superiores, por no acreditar la prestación de un servicio contratado y realizar pagos superiores a los estipulados y por realizar pagos a trabajadores después de la fecha en que causaron baja de la dependencia.
También fueron detectadas irregularidades por 4.4 millones de pesos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTE): 2 millones 262 mil pesos por realizar el pago de prestaciones no autorizadas y pagos de prestaciones superiores a los autorizados y 1 millón 415 mil pesos por realizar el pago de sueldos a personal administrativo, directivo y docentes por arriba de lo autorizado por los tabuladores.
A ello se suma otra irregularidad por 708 mil 196 mil pesos por pagos indebidos a 10 plazas que no se ajustaron a los tabuladores y 45 mil 86 pesos no ejercidos al 31 de diciembre de 2022 y que tampoco fueron reintegrados.
Asimismo, 5.4 millones de pesos fueron observados en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y millón 100 mil pesos más en el Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca (900 mil pesos), el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) (100 mil pesos) y el Hospital de Especialidades de Oaxaca (100 mil pesos).
A las anteriores, se sumaron observaciones por 207 mil 243 pesos por pagos a un trabajador del Instituto Estatal de Educación para Adultos que no acreditó el grado académico requerido, 218 mil 561 pesos por irregularidades en una obra pública etiquetada en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y 45 mil 201 mil pesos por no aplicar penas convencionales en un contrato.
