Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2019.- Debido a irregularidades, negligencias y omisiones de la Fiscalía General del Estado en el caso de Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la UNAM desaparecido en Oaxaca en 2011, abogados de la familia pedirán juicio contra el fiscal de esta entidad, Rubén Vasconcelos Méndez.
Ayer en la capital del país, en conferencia de prensa se presentaron diversos testimonios y pruebas de las múltiples irregularidades en que incurrió la entonces Procuraduría General de Justicia y la hoy Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Desde la desaparición de su hijo, los padres del estudiante han luchado contra la indiferencia y negligencia de las autoridades ya que al día de hoy no existe ni un mínimo avance en las investigaciones, acusaron.
Guillermo Naranjo, abogado del caso y miembro de Idheas, explicó que las instituciones no han actuado de manera eficiente.
“Sabemos que obstruyen el acceso a la verdad ya que hay tres personas bajo proceso penal que fueron torturadas para confesar el asesinato de Jesús, bajo esta premisa, el estado de Oaxaca señala que ya cumplieron, pero por la falta de trabajo, ya se busca demandar directamente al fiscal Rubén Vasconcelos Méndez”, expuso Naranjo.
Confirmaron que el Estado mexicano violó el derecho a la vida de Jesús Israel, desaparecido en julio de 2011 en Chacahua, cuando realizaba un viaje de investigación con fines académicos, determinó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización de estrategia legal Idheas, explicó que dicho dictamen es un precedente a nivel internacional ya que por primera vez el Comité de la ONU señala que la investigación efectiva debe ser considerada como una obligación inherente del derecho a la vida.
Mencionó que se tuvo que recurrir a una instancia internacional debido a que ningún nivel de las autoridades mexicanas demostró interés por resolver el caso y obstaculizaron el proceso de acceso a la verdad.
“Hay muchas irregularidades que no permiten que se llegue a conocer lo que pasó con Jesús. Desde hace cinco años detectamos montaje de evidencia, fabricación de culpables e incluso el intento de entregar un acta de defunción sin que el cadáver se haya encontrado”, afirmó el director de Idheas.
AUSENCIA SIGUE DOLIENDO
“No quisiera estar aquí, cada vez resulta más difícil enfrentarlo, Israel era un joven universitario del Colegio de Geografía de la UNAM, salió a Oaxaca para ver diferentes culturas de los pueblos originarios; pero el viaje, como su futuro, fueron truncados”, relató Carlos Moreno, padre del estudiante.
Con voz entrecortada y fotografías de su hijo frente a él, Carlos aseguró que gran parte de los primeros indicios sobre qué pasó con Jesús se obtuvieron por su iniciativa y no por el trabajo de las autoridades.
Carlos Moreno acusó a la Procuraduría oaxaqueña de caer en el cinismo, simulación, omisión y negligencia al querer darle carpetazo y cerrar el caso sin haber llevado a cabo una verdadera búsqueda en campo para encontrar a su hijo.
“Hubo omisiones y simulaciones de todas las autoridades, desde 2014 hay denuncias penales y a la fecha no hay ningún funcionario público sancionado, ni perito, ni policía, ningún responsable de ese montaje y decir que mi hijo está muerto, pero nosotros no lo aceptamos. Sin cuerpo, él sigue estando desaparecido y su deber es buscarlo”, exigió.
Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-México, dijo que la desaparición de Jesús Israel ilustra de manera lamentable lo que viven las familias de los más de 40 mil desaparecidos en México.
“Lo preocupante de este caso en específico es que las investigaciones se dilataron injustificadamente, el Estado debe esclarecer este caso porque es su responsabilidad garantizar el derecho a la vida de todos los mexicanos”, sostuvo.
Peña mencionó que para la resolución del caso, el Estado mexicano deberá reparar el daño mediante una investigación pronta, efectiva, independiente, imparcial y transparente sobre las circunstancias en las que el joven desapareció.
También deberá proporcionar a los familiares información detallada sobre los resultados de la investigación, además de procesar y sancionar cualquier intervención de agentes estatales que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización.
(Con información de agencias informativas)
