Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 13 de enero de 2023.- Para la construcción de la sexta etapa del Malecón de Villahermosa, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) asignó un contrato por 400 millones de pesos a la empresa Brick Contratistas, que tiene como accionista a Luis Doporto, operador financiero relacionado con empresas fachada y paraísos fiscales.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en esa compañía tiene una participación accionaria la sociedad Chelsea Real Estate Fund, creada por Luis Doporto Alejandre, quien estuvo involucrado en 2016 en los Panamá Papers y en 2017 en los Paradise Papers, dos investigaciones que han revelado grandes fraudes financieros a nivel internacional.
La indagatoria de los periodistas Raúl Olmos y Vanessa Cisneros detalla que Doporto tuvo injerencia en empresas y transacciones financieras en Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Malta, Eslovaquia, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Hong Kong y Nueva Zelanda, destinos considerados paraísos fiscales por los beneficios tributarios que se otorgan a inversionistas y por la garantía de mantener sus identidades en el anonimato.
Las empresas fachada que se establecen en paraísos fiscales buscan evadir el pago de impuestos y, según MCCI, Doporto fue señalado de ser un intermediario de grandes fortunas afincadas en estos sitios.
En Chelsea Real Estate Fund también participan como accionistas Kim Nizam Pasha Sharpe, director de Codere, el mayor operador del sector de juegos y apuestas en México, con una red de 135 casinos.
Otros accionistas son Jaime Martín Cabrera Parkman y José Antonio González Mendoza, dueños de Conkrete, una empresa que en otra etapa del Malecón de Villahermosa distribuyó el mobiliario urbano que había sido encargado a la marca Grava y Arena.
Esta marca es propiedad de Hugo Buentello Carbonell, ex funcionario de Segalmex que participó en una trama de corrupción en esta dependencia. Buentello también es integrante de una red de amigos de Andy López Beltrán, el segundo hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, beneficiados con contratos públicos durante el sexenio actual.
Según MCCI, la supervisión del malecón fue encomendada a Alejandro Castro Jiménez Labora, otro amigo de Andrés López Beltrán y por el propio López Obrador.
LAS IRREGULARIDADES
El procedimiento para entregar el contrato a Brick Contratistas fue exprés. La Sedatu dio siete días hábiles a las empresas interesadas para entregar sus propuestas, aunque la Ley de Obra Pública establece que deben ser al menos 20 días naturales.
En caso de utilizar la figura de plazos reducidos, prevista en la legislación, el plazo puede disminuir a 10 días, siempre y cuando existan razones justificadas debidamente.
“No obstante, en ninguna parte de la convocatoria se establece el motivo por el cual se hizo la licitación bajo la figura de plazos reducidos”, apuntan los periodistas.
Además, la convocatoria establecía que el resultado de la licitación se haría el 28 de febrero a las cinco de la tarde, pero ese mismo día se aplazó el fallo para permitir que Brick Contratistas completara su expediente.
La empresa no había acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS e Infonavit y se le dio de plazo el 1 de marzo de 2023 para entregar los documentos faltantes. Una vez que los integró a su expediente, ese mismo día la Sedatu le adjudicó el contrato, a pesar de que las bases de la licitación consideraban como causa de descalificación que los postores no presentaran los documentos en el plazo establecido.
Brick Contratistas, en asociación con FT Construcciones, presentó la propuesta más cara y, a pesar de ello, se le asignó la obra.
Su propuesta fue de 399,856 millones de pesos más IVA, mientras que la licitante Diseño, Ingenierías y Manufacturas proponía hacer la obra en 379,745 millones de pesos más IVA, lo que representaba un ahorro de 20 millones de pesos. Grupo Promotor de Vivienda para México en sociedad con Avanza Cimentaciones proponía ejecutar la obra a un costo de 395,239 millones de pesos, 4 millones menos que la postura ganadora.
La empresa del accionista Luis Doporto y su asociada incumplieron con el plazo para entregar la construcción. En el contrato se estableció que la obra debía estar lista para el 10 de diciembre de 2023.
Sin embargo, un informe elaborado el 8 de enero de 2024 revela que el avance físico real de la obra era de 85% y, a esa fecha, las empresas ya habían recibido más del 92% del dinero que la Sedatu se comprometió a pagar para la obra.
Hasta el momento de la publicación de la información, la Sedato no había dado respuesta oficial a los señalamientos.
(Información de “Expansión Política”)
