Yuridiana Sosa/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de enero de 2024.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició 250 asuntos de queja por violencia política por razón de género, en el periodo del año 2015 a enero de 2023.
Durante el “Informe Especial: Violencia contra las Mujeres en el Ejercicio Público”, elaborado por dicho organismo, su titular, Elizabeth Lara Rodríguez, reveló que del total, 158 son expedientes y 92 son cuadernos de antecedentes.
La tendencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género recae con el 66 por ciento de las quejas en el sistema de Partidos Políticos y el 34 por ciento a Sistemas Normativos Indígenas (SIN).
En su mensaje, señaló que la violencia política y la violencia política en el ejercicio público no sólo afectan a las mujeres que participan en la toma de decisiones, pues también tiene un impacto negativo en la sociedad porque debilita un Estado democrático y limita la participación de toda la ciudadanía.
En ese sentido, reconoció la valentía de las mujeres que mediante la presentación de sus quejas hicieron valer sus derechos ante la violencia generada en su contra al tratar de acceder a espacios de representación política o en el ejercicio de sus funciones públicas.
Rodríguez Lara indicó que con este informe la DDHPO visibiliza las diversas formas de violencia ejercida en contra de las mujeres durante ese periodo y que hasta el día de hoy es un tema que se ha acentuado significativamente en el estado, con conductas y expresiones que no deben normalizarse y que constituyen violaciones a derechos humanos.
En el periodo de estudio, dijo, se observó la existencia de violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, laboral, verbal y digital en sus diversas manifestaciones, sin que en su momento se hayan abordado de manera integral.
Así como es muy grave la existencia de las violaciones a derechos como la vida, a la integridad, seguridad, a una vida libre de violencia, tanto para las que participan en procesos para ocupar cargos de representación popular, como para las que ejercen la función pública y continúan siendo violentadas de forma grave; y de forma precisa para las mujeres indígenas que enfrentan una múltiple discriminación debido a su género, identidad cultural y marginación socioeconómica.
FORMAS DE VIOLENCIA
La DDHPO registró las diversas formas de violencia contra las mujeres, tanto en el sistema electoral de partidos políticos como en el de SIN.
De forma descendiente, la de mayores casos fue por discriminación sexo genérica, 60; amenazas, 46; no toman protesta y/o obstrucción del cargo, 43; no pagan sus dietas y/o retiene, 42; no asignan recursos materiales, humanos y/o financieros ,40; no es convocada a sesiones de cabildo, 37; violencia verbal, 36; destitución del cargo o exigirle que renuncie, 28.
Así también se registraron caos por violencia digital y/o mediática, 26; obstrucción para contender a un puesto, 22; discriminación, violencia laboral, 11; con 10 casos cada uno, violencia física- golpes-,no contestan sus solicitudes de información, no tomen su participación en sesiones y las humillan; y no toman en cuenta sus opiniones.
Otros casos son por violencia sexual y hostigamiento, no le asignan una oficina, discriminación por embarazo, despedimos justificado, detonaciones de arma de fuego afuera de la casa de la víctima, discriminación por escolaridad, asignación de un cargo distinto o funciones distintas del cargo y discriminación por edad; destrucción de material de campaña, reducción salarial, homicidio, tentativa de y secuestro; violación, privación de la libertad por ejercer su cargo y discriminación por orientación sexual.
VIOLENTADORES
El organismo defensor registró, de acuerdo a las denuncias, que los servidores públicos señalados como violentadores políticos por razón de género fueron en primer lugar, presidentes municipales con un 49 por ciento.
Le siguieron regidores con un 15 por ciento, síndicos con un 12 por ciento, ciudadanos con la aquiescencia de algún servidor público 9 por ciento, representantes de partidos políticos 7 por ciento, agentes municipales 4 por ciento, y presidentes de comité electoral municipal dos por ciento.
MÁS DETALLES
De los expedientes conocidos por la DDHPO, el 35 por ciento se inició a petición de parte o de oficio; 44 por ciento por vinculación del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y 21 por ciento por vinculación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; en menor medida también atendió los vinculados por Sala Xalapa y la CNDH.
Ante las limitantes legales para intervenir en asuntos electorales, pero a fin de proteger a las víctimas, el organismo realizó la emisión de medidas cautelares, implementó mesas de trabajo, visitas, y brindó acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género, logrando que las situaciones de riesgo en gran medida fueran disminuidas.
Por regiones, las quejas la encabeza Valles Centrales con 101; Mixteca, 52; Istmo, 23; Sierra Sur, 22; Papaloapan, 16; Costa, 14; Cañada, 13; Sierra Norte, ocho y en tres se desconoce.
LLAMADO
La titular de la DDHPO, Elizabeth Rodríguez, llamó a todas las instituciones involucradas a participar de manera activa en la defensa de las mujeres violentadas y hacer que se cumplan las leyes para que los responsables asuman con sus castigos.
Apuntó que es fundamental que las autoridades del Estado promueven políticas públicas como las que se proponen en el informe “con el fin de erradicar para siempre el flagelo de la violencia psicológica, acoso y hostigamiento sexual y la discriminación contra las mujeres, adoptando compromisos para no tolerar y no ser parte de este tipo de prácticas arraigadas en nuestra cultura”.
Asumió su compromiso de hacer visibles las conductas en contra de las mujeres para no repetirse; por ello pidió a las instituciones electorales que generen acciones afirmativas que permitan a las mujeres participar en igualdad de condiciones.
A las instancias de justicia, su intervención en los procesos que reclaman las mujeres; al Congreso del Estado, a coadyuvar en la protección de los derechos de las mujeres y aplicar las responsabilidades a los agresores a través de la revisión de los procedimientos de remoción, suspensión o destitución de los responsables de cometer violencia contra las mujeres, para ser efectivas las sanciones ordenadas por los tribunales y evitar la reiteración de este tipo de conductas, que transgreden los derechos de las mujeres.
