Soledad Jarquín Édgar*/SemMéxico
Hasta hace poco el poder judicial, tanto en las 32 entidades, como en el poder federal, podían pasar sobre un pantano sin mancharse de lodo. Sin embargo, a raíz de la toma de conciencia y el activismo, fundamentalmente de las mujeres contra la violencia machista, algo se mueve, algo empieza a cambiar para ese poder casi intocado por la ciudadanía, porque la palabra de una o un juez eran determinantes, nadie o casi nadie los cuestionaba, pero surgieron las Maricela Escobedo en feminicidio; las Mildret Sainz en violencia vicaria; las Cecilia Flores entre las buscadoras y las Victoria Figueiras que luchan contra la pederastia… apenas unos cuantos nombres, emblemáticos nombres, entre las miles de madres, hijas, hermanas o abuelas que luchan de una u otra manera contra la violencia feminicida en México.
Estas y otras cientos de mujeres, como casos existen en México, han exhibido las deficiencias, casual y muy recurrentes, de las juezas y jueces en cualquiera de las etapas del proceso jurídico en el sistema de justicia penal acusatorio o en el antiguo sistema, actúan de forma parcial, favorecen la repetición de los hechos y, peor todavía, profundizan la herida sangrante de las mexicanas por la insaciable condición de injusticia e impunidad. En pocas palabras se podría definir como una sensación de abismo y desconsuelo.
Si las instituciones del Estado mexicano no te responden ¿entonces quién? Esa es la razón de la presencia de las mujeres, que es histórica y de largo tiempo, en la tarea de demandar justicia para sus familiares, porque en México las políticas discursivas de la cero impunidad, los programas y protocolos de atención, así como los sistemas de justicia siguen atravesados, permeados, inyectados del patriarcal sistema, dentro del sistema judicial coexiste el sistema judicial patriarcal, con sus honrosas y escasas excepciones.
Esta semana conocimos dos casos donde lo inadmisible volvió a ocurrir. El primero ocurrió en el Estado de México -la misma entidad donde por décadas las mujeres han demostrado las ineficiencias del sistema tanto en la investigación por parte de las fiscalías como en la impartición de justicia. El juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió a un depredador sexual de una menor de cuatro años, porque la niña no dio la dirección de su tío paterno, ni el día y el horario exacto en que fue agredida sexualmente. ¡Qué tal! Los pederastas de México ya se organizan para levantarle a Alejandro Martínez un monumento.
Porque, aunque el Senado de la República ha pedido la destitución de Martínez Vitela, las mexicanas confiamos poco o nada en los llamados a misa que desde las cámaras de diputados (estatales y federal) y de senadores se han hecho en este sentido por las actuaciones contra la propia ley y las víctimas hechas desde las fiscalías y el sistema de justicia. ¿Saben qué sucede después? Nada o casi nada, no existe un seguimiento a sus propios puntos de acuerdo de urgente resolución.
Y no olvidar que a Maricela Escobedo, quien buscaba justicia para su hija Rubí, también le costó la vida un fallo judicial, que tuvo en sus manos al feminicida y lo dejó libre.
Esa es la razón por la que cientos de mujeres están en las calles de manera sistemática en todo el territorio mexicano, exigiendo justicia, un ente que depende de la voluntad de unos señores y señoras elegidos para cumplir una función pública y que aplican los ordenamientos legales desde su particular interpretación, una muchas veces equivocada, sin repercusión alguna porque respaldados o respaldadas por el sistema al que pertenecen.
Sin duda, las mujeres perdemos muchas veces frente al sistema judicial mexicano. Hay casos tan dramáticos que terminan por costarle la vida a las mujeres, una falla del sistema le abrió la puerta a Juan Carlos G. S. ex exposo para mandar a asesinar a Abril Perez Sagaón, un 25 de noviembre de 2019, un acto de venganza simbólica y material.
Se trató del juez del control Federico Mosco, quien no ordenó la prisión preventiva contra Juan Carlos G. S. quien con un bate de béisbol agredió a Abril produciendo heridas de gravedad. Sin embargo, el juez Mosco consideró que se trataba de violencia familia y no de tentativa de feminicidio. Lo dejó libre y este espero un tiempo para ordenar su asesinato. Luego había que tapar el pozo, la entonces jefa de gobierno anunció en mayo del 2020 que había cesado a ese y otro juez de nombre Luis Alejandro Díaz Antonio. ¿Alguien sabe a qué están dedicados estos señores?
Para las mujeres -víctimas directas e indirectas, como nos llaman en la jerga judicial- de la violencia machista, cuando finalmente los victimarios son detenidos y llevados a procesos judiciales, lo que vemos son procesos sin la aplicación de protocolos “para juzgar con perspectiva de género”.
Sin embargo, la aplicación de estos instrumentos resulta imposible frente al sistema judicial patriarcal. Para las personas encargadas de impartir justicia estudiar esos protocolos es imposible, es como si estuvieran escritos en sinogramas, los signos de la escritura china. La razón, como nos han explicado, es el fondo, la raíz, las ideas preconcebidas y que parecen inamovibles del patriarcado, un cáncer que carcome a esta sociedad, en todos los sentidos.
La lucha de las mujeres contra la violencia machista, la corrupción del sistema y la lacerante impunidad que quema el corazón, han puesto en duda la imparcialidad. Es urgente una revisión profunda de la calidad profesional de quienes ocupan estos cargos. Son muchas las denuncias y peores las consecuencias de sus actos de imparcialidad que rayan en la misoginia ¿Quién lo hará? Lo cierto es que hoy las y los jueces pasan sobre el pantano y salen manchados por la sangre y el dolor de las víctimas que ellos y ellas siguen sin reconocer.
*Periodista y feminista.
