Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de marzo de 2024.- La diputada de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, celebró la aprobación por unanimidad del dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para reformar el Código Penal y establecer la “Ley Monse”, que condena a quienes evitan que los feminicidas puedan ser aprehendidos por las autoridades debido al ocultamiento o la ayuda que le prestan para evadirse de la acción de la justicia.
“Celebro que para este dictamen se hayan retomado elementos de mi iniciativa y de mis compañeras y compañeras legisladoras para eliminar las excusas absolutorias que eximían de responsabilidad a los encubridores de feminicidas, reformando el artículo 390 del Código Penal que prevé el delito de encubrimiento, con esta reforma estamos enfrentando a un enemigo que se alimenta de la indolencia y la indiferencia”, expresó.
La congresista señaló que un importante impedimento para lograr el acceso efectivo a la justicia es la complicidad entre el feminicida y sus familiares o amistades, que evitan que puedan ser aprehendidos por las autoridades debido al ocultamiento o la ayuda que le prestan para evadirse de la acción de la justicia, lo cual se traduce en impunidad.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio señaló que exigir responsabilidad a los encubridores es tan importante como juzgar a los propios feminicidas, porque mientras exista un refugio de silencio y complicidad, la batalla contra la violencia de género seguirá enfrentando obstáculos insuperables.
“Condenemos sin reservas a los encubridores de feminicidas, exijamos justicia para las víctimas y trabajemos juntas y juntos hacia una sociedad donde la violencia de género sea relegada a los libros de historia como un sombrío recordatorio de un pasado del que nos liberamos”, agregó.
TIPIFICAR ACECHO
Por otra parte, la diputada local de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Oaxaca para tipificar como delito el acecho y sancionar con una pena de 3 a 5 años, a quienes por cualquier medio y sin derecho amenacen la integridad o interfirieran significativamente en la vida de otra persona, afectando su salud o causando algún daño o perjuicio.
Asimismo, la legisladora propuso sancionar de cinco años hasta ocho años con cuatro meses de prisión, cuando el acecho sea cometido por un servidor público valiéndose del poder que le da su encargo, cometido contra personas menores de edad o en situación de vulnerabilidad o se realice desobedeciendo una medida ordenada previamente para proteger a la víctima.
En este contexto, la congresista reconoció la aportación de la Asociación Civil “Nosotras Para Ellas A.C.”, para la elaboración de esta iniciativa de reforma que contempla castigar el acecho como una amenaza directa a la libertad personal y colectiva, pues este fenómeno no distingue entre lo público y lo privado y se infiltra en la vida cotidiana, generando miedo, inseguridad y desconfianza.
“Se trata de actos que individualmente considerados parecen inofensivos, tales como una llamada telefónica, que podría parecer inocua, sin embargo, miles de llamadas no deseadas a lo largo de años, incluso cuando la persona objetivo cambia de número telefónico, son un comportamiento claramente amenazante”, finalizó.
