Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2019.- Al cierre del año pasado, el fideicomiso de la Secretaría de Gobernación (SG) del cual se obtiene el dinero para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, enfrentó una situación crítica, pues no tenía recursos suficientes para atender los casos ya registrados en ese momento y los nuevos que pudieran presentarse después, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el diario “La Jornada”, en un estudio a la Cuenta Pública 2018, la entidad fiscalizadora analizó diversas fallas y omisiones de dicho fideicomiso, entre ellas que el Mecanismo de Protección al cual financia recibió una gran cantidad de quejas por parte de sus usuarios –debido a la aplicación deficiente de medidas cautelares– y que no se logró acreditar la experiencia y capacidad de sus operadores.
Con respecto al tema de la carencia de recursos suficientes para su operación, datos oficiales indican que el fideicomiso identificado con la clave 10232 terminó el año anterior con un fondo de tan sólo 48 millones 833 mil 443 pesos, que es apenas 35 por ciento de los 129 millones 143 mil 841 pesos que registró como disponibles al 31 de agosto de 2019.
Añade “La Jornada” que las disponibilidades del fideicomiso 10232 al cierre de 2018 se consideran insuficientes para continuar atendiendo los compromisos establecidos, más los nuevos que se presenten para otorgar medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, alertó la ASF en la auditoría de cumplimiento 15-GB.
Además de la falta de presupuesto suficiente para el Mecanismo – que actualmente brinda servicios a mil 86 beneficiarios, su cifra más alta desde que se creó en 2012–, la auditoría documentó que los activistas y comunicadores que lo utilizan presentaron múltiples quejas por su mal funcionamiento.
Entre las inconformidades más comunes reportadas por los usuarios del mecanismo está la falta de confidencialidad, ya que recibieron llamadas de extorsión u ofertas no pedidas de instituciones bancarias; servicio deficiente de escolta, y falta de oportunidad en la instalación y operación de equipos de seguridad, como cámaras y luces.
Asimismo, dijo la ASF, no se acreditó que la entidad fiscalizada supervisara y validara que los servicios prestados por el proveedor para otorgar las medidas de protección del fideicomiso 10232 se devengaron y cumplieron con las características, especificaciones, términos y condiciones establecidas en el contrato y su anexo.
Sumado a lo anterior, la SG no acreditó que el personal que se desempeña en las áreas encargadas de la atención a las medidas del Mecanismo de Protección contara con la experiencia, estudios y demás elementos que se informan en los currículums de dicho personal, reveló “La Jornada”.
