Diego Enrique Osorno*
Una tesis que ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la violencia en un país donde se cometen 92 asesinatos por día es la del otorgamiento de apoyos económicos a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La idea, justa y necesaria, en su perversa aplicación corporativa se ha convertido en un ejercicio de cooptación que va de la mano de la militarización más intensa de los últimos tiempos.
Resulta interesante revisar el diagnóstico planteado al respecto en la Agenda de Paz del Episcopado mexicano.
De acuerdo con el documento realizado después de un trabajo de consulta de múltiples perspectivas a lo largo del país, las políticas asistencialistas de los últimos años han llevado a la desorganización de territorios, la fragmentación del tejido social y la exclusión de la participación local en la construcción de seguridad, procuración de justicia y autogestión comunitaria.
Aunque está impregnado de cierto tufo aspiracional, el pulso del sondeo es contundente:
“El asistencialismo promueve en muchos casos una dinámica del reclamo y la dádiva -de economía del chantaje- que paraliza la cultura del trabajo y la colaboración. Una relación de intercambio de favores que sacrifica el ejercicio de derechos; de sordera cuando se busca la relación horizontal y de carencia de habilidades para construir consensos en la diversidad. Se trata de una relación basada en el compadrazgo, la influencia y la fidelidad al líder que daña la vida institucional. La opacidad del sistema de justicia y la concentración del poder, favorecen la corrupción y la impunidad propiciando la delincuencia, la ingobernabilidad y el Estado fallido”.
Otro pilar de la estrategia oficial en materia de seguridad ha sido el uso de las fuerzas armadas. López Obrador no declaró la guerra del narco como lo hizo el presidente Felipe Calderón, pero ha dado al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea -so pretexto de la modernización del país- más presupuesto y facultades que nunca, en detrimento de los sistemas de seguridad civil municipales, estatales y federales que, desarticulados y enclenques, atestiguan un aumento de la criminalidad organizada y desorganizada que perjudica, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la sociedad.
*Escritor y periodista.
@DiegoEOsorno
