Diego Enrique Osorno*
En medio de la violencia no reconocida de manera oficial que estalló con intensidad creciente en Chiapas desde hace tres años —y que se viene describiendo aquí a través del pulso del Frayba—, hay que resaltar el constante asedio a tierras recuperadas por el EZLN, en las que se ha levantado desde 1994 una forma autónoma de gobierno que resiste estrategias contrainsurgentes.
Las principales agresiones realizadas estos años de la crisis chiapaneca son reportadas por un centro de derechos humanos que tiene más legitimidad en la materia que un enajenado gobierno federal. Están centradas en los poblados y comunidades de La Resistencia, Emiliano Zapata, San Isidro, 16 de febrero, Lucio Cabañas y Nuevo San Gregorio, los cuales forman parte de la región Moisés y Gandhi del Caracol 10, de Patria Nueva.
El Frayba ha caracterizado a quienes realizan estos ataques contra los zapatistas como grupos corporativistas armados, ya que tienen fuertes vínculos y arraigos con redes de la actual administración federal, como se ratificó estos días durante la visita de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
“Tienen una gran capacidad de fuego, armas de alto calibre y equipo táctico, y también llevan a cabo ejercicios muy específicos de control poblacional. Además se les suman grupos locales más pequeños”, ha explicado el activista Carlos Ogaz en diversas alusiones. Un proceso aún más crítico que parece estar sucediendo ahora es que dichos grupos han sido o están en vías de ser cooptados por grupos más grandes de la delincuencia organizada
“Lastimosamente emanan desde las comunidades y, como en los noventas del paramilitarismo, están controlando asambleas y territorios a partir de cargos políticos y sociales en sus comunidades”.
Otro factor grave es la remilitarización mediante la construcción de diez a quince nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, la instalación de 71 campamentos militares y el desplazamiento de mil 504 elementos de la Marina, 3 mil 466 de la Guardia y 3 mil 536 del Ejército, en medio del ambiente de impunidad prevaleciente que dejó la cruenta política de contrainsurgencia de los noventa.
A causa de su uso clientelar, programas como Sembrando Vida, apoyos para jóvenes y adultos mayores, e incluso otros como el de control de la mosca del Mediterráneo, son caldo de cultivo de una violencia en Chiapas que el aún presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere ver.
*Escritor y periodista.
@DiegoEOsorno.
