Néstor Y. Sánchez Islas.
La gentrificación es el problema social más grave de la ciudad de Oaxaca y el ayuntamiento se encarga de atizarlo en lugar de atenuarlo a través de una política fiscal recaudatoria en la que quienes tributamos en esta ciudad debemos mantenerla para toda aquella población flotante que viene de los suburbios y de los miles de turistas que circulan por aquí. Es probable que muchos de los empleados del ayuntamiento, y el presidente mismo, tributen su predial en otros municipios y a tasas muy bajas, además, los beneficios de la turistificación la capitalizan unos pocos, pero la gentrificación la pagamos todos. Ocurrencia más injusta no hay en este momento que el excesivo aumento de los prediales y la declaración autoritaria del munícipe de que recurrirá a procedimientos fiscales para el cobro.
La gentrificación de nuestra ciudad, es decir, el desplazamiento de la gente originaria de los barrios tradicionales por nuevos vecinos de alto poder económico, pero ajenos a la comunidad, provocan desde la desertificación de enormes zonas urbanas, como lo es ahora el centro histórico que es un cascarón que tiene vida solo durante el día, hasta el encarecimiento de todo porque los nuevos habitantes disponen de mayor liquidez que un ciudadano común. En todo el mundo se trata de mitigar este fenómeno, menos aquí porque la gentrificación del predial acelerará la desertificación. Pero también es motivo de corrupción porque la mejor forma de contener este nocivo fenómeno es el control del uso del suelo, mismo que el ayuntamiento ha cambiado a placer, probablemente a cambio de generosas dádivas.
La autoridad justifica el aumento del predial con la realización de obras y prestación de servicios municipales, como la seguridad pública o la recolección de basura. El predial debería usarse para promover un desarrollo urbano ordenado en lugar del caos en que vivimos. Debería servir para fomentar proyectos de inversión que tanta falta hacen y ser una herramienta de equidad fiscal. En pocas palabras, este impuesto debería usarse para financiar servicios esenciales, promover un correcto desarrollo urbano y mantener una equidad fiscal. Pero la realidad es otra.
Del total del dinero que el Ayuntamiento cobra, el 90% se utiliza para su gasto corriente, es decir, para el pago de sus nóminas, créditos y pensiones. Solo 10 centavos de cada peso pagado pueden destinarse a obras y servicios, por tanto, la justificación es absolutamente falsa y la realidad lo confirma. El centro histórico está muy maltratado, pero los alrededores, como San Martín, San Juanito, Viguera o Pueblo Nuevo son un desastre. La realidad nos muestra que el Ayuntamiento no está al servicio de la comunidad sino de sus sindicatos. A ellos dedican mucho tiempo y recursos, como los que obtendrá del asalto que nos hará a través del aumento al predial. En contraste, ayuntamientos del siglo pasado, con muy escasos recursos, pudieron hacer mucho con poco porque atendían a la gente y no a sus mafias burocráticas. La ciudad fue su prioridad; hoy solo buscan la riqueza inmediata.
El aumento del predial es un aumento a la carga financiera de los hogares. Ahora se deberá ahorrar y gastar menos en educación, alimentación o salud. Recordemos que la 4T, de la que es parte este Ayuntamiento, eliminó el Seguro Popular a cambio de $3 mil pesos mensuales que, para una emergencia médica no sirven para nada.
Los residentes que aún queden en barrios tradicionales tendrán que mudarse. Aquellos que no tienen altos ingresos no podrán pagar las nuevas cuotas actualizadas. El vacío dejado por los residente lo ocuparán gente de alto nivel económico, lo que acelera la odiosa gentrificación y, por ello mismo creo que este fenómeno se fomenta desde el mismo ayuntamiento.
El alto costo de los prediales servirá para ahuyentar la inversión inmobiliaria. Con las tasas que cobran los únicos que querrán construir serán empresarios hoteleros y no habrá vivienda disponible para la gente de la calle. Habrá quien preferirá dejar que su propiedad se deteriore para que no le aumenten el predial o, de plano, mudarse a una población cercana que, por imitación, no tardará en aumentar sus tasas impositivas.
La mudanza de vecinos provocará otro problema, el de la erosión de la base fiscal. Cada vez habrá menos contribuyentes y los únicos que permanecerán serán los extranjeros, los hoteles, restaurantes y otros negocios. La vida de la ciudad se terminará, más de lo que hoy lo está y nos llenaremos de bares, cantinas, asaltos y cristalazos. La desertificación de la ciudad es un buen caldo de cultivo para el ambulantaje y la delincuencia.
Por si algo faltara, la desconfianza en un gobierno que solo ve al ciudadano como un signo de pesos, se incrementará. Vemos como gastan a manos llenas para la campaña de su candidata presidencial, pero recortan todo para la ciudad y sus necesidades. ¿Confía en el Ayuntamiento y su oficina de catastro?
