Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 15 de junio de 2024.- Propuesta Cívica, en colaboración y con la participación de la familia del periodista oaxaqueño Gustavo Sánchez Cabrera, presentó una denuncia por hechos posiblemente constitutivos de delito, derivados de las múltiples deficiencias detectadas y documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 121/2022, realizadas por ex servidores públicos integrantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de quien resulte responsable.
En el marco del tercer aniversario de Gustavo Sánchez Cabrera, periodista asesinado el 17 de junio de 2021 en El Morro de Mazatán, Oaxaca, Propuesta Cívica decidió emprender acciones legales en contra de al menos nueve personas funcionarias públicas que incurrieron en omisiones graves que tuvieron repercusiones en la vulnerabilidad de Gustavo frente a sus agresores.
“Consideramos la acción legal necesaria ante las lamentables consecuencias de los hechos —la pérdida de la vida de Gustavo y, por tanto, de su periodismo en la región del Istmo—. Cabe mencionar que el análisis que sustenta la demanda se encuentra en los hallazgos de la Recomendación 121/2022 de la CNDH”, difundió en un comunicado.
Detalló que a la fecha de la presentación de la acción legal no han tenido conocimiento de sanciones legales por las omisiones de las y los servidores públicos del orden federal y estatal.
Los procesos administrativos iniciados contra las y los servidores públicos que incumplieron en sus deberes de protección se encuentran estancados en las áreas de Control interno de la Secretaría de Gobierno federal y de Oaxaca, ello a tres años de haber sucedido los hechos.
“La Visitaduría General de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca es la única autoridad que ha avanzado en las investigaciones internas y que está próxima a emitir una determinación.
“Esto implica que, a tres años del asesinato de Gustavo, las personas que fueron omisas en cumplir con sus obligaciones de garantes de derechos, así como los perpetradores directos del homicidio, se encuentran sin una sanción legal por los hechos.
“Destacamos en este punto que, a la fecha, existen al menos nueve casos documentados de periodistas asesinados que estaban incorporados al Mecanismo de Protección, sin que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno hayan sido sancionados por tales hechos”, detalló.
Por tales circunstancias, se decidió presentar formal denuncia ante FEADLE para la investigación de los hechos documentados por la Recomendación 121/2022.
“Las instituciones del Estado mexicano deben de considerar el impacto y mensaje de impunidad que envían a las víctimas y a la sociedad mexicana ante la falta de rendición de cuentas por su actuar deficiente, el cual puede traer graves consecuencias como la privación de la vida de un periodista”, expuso.
