Redacción/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de diciembre de 2019.- El Congreso del Estado aprobó exhortar a las autoridades responsables del transporte público en la entidad para regular y sancionar anomalías cometidas por choferes y operadores de unidades que pongan en riesgo la vida de los usuarios.
En un primer punto de acuerdo avalado en reciente fecha, el Poder Legislativo solicitó a las autoridades estatales y municipales aplicar el reglamento vigente y sancionar malas prácticas, como el que los taxis lleven más de cinco pasajeros, incluido el conductor, cuando presten el servicio público.
También exhortó a la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad de Oaxaca y a los 570 Ayuntamientos a generar estrategias, acciones y campañas de sensibilización y disuasión para que los motociclistas cumplan con sus obligaciones y medidas de seguridad que les establece la ley.
El exhorto del Congreso del Estado también incluyó exigir a la Secretaría de Seguridad vigilar que los conductores no hagan uso del celular u otros dispositivos electrónicos cuando conducen algún vehículo.
CONTROL PARA LICENCIAS
Por otro lado, la Legislatura local realizó modificaciones a la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, para poner más control el trámite de licencias de conducir.
Se trata de reformas al párrafo segundo y la adición de un tercer párrafo al Artículo 172 de la citada ley, con el objetivo de entregar licencias a personas aptas para esta actividad y disminuir así accidentes viales que provocan lesiones y muertes.
La reforma señala que “la expedición de licencias de conducir, se realizará previa capacitación, aprobación del examen y el pago de derechos. El certificado de capacitación será emitido por la Semovi sin costo adicional, quien será responsable de aplicar el examen”.
Y señala que en caso de no aprobar el examen, la o el solicitante de la licencia deberá esperar 30 días naturales para realizar nuevamente los trámites para su obtención.
La reforma establece mecanismos que ayudarán a generar medidas adecuadas para el fomento de una cultura vial de calidad y garantizar que quien conduzca una unidad de motor cuente con los conocimientos y capacidad requerida.
Así se garantiza el derecho a la colectividad que exige garantizar la integridad física de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público y privado, con el fin de reducir accidentes que provocan lesiones y muertes en la vía pública por personas que conducen vehículos.