Soledad Jarquín Edgar*/SemMéxico
“Un gobierno que se aparta de la justicia, se convierte en un gobierno criminal”: San Agustín de Hipona.
Daniela y Virginia tendrían hoy 31 y 37 años de edad, Virginia sería una maestra bilingüe consolidada por su experiencia en el servicio.
Daniela seguramente habría realizado el sueño de ser abogada y quizá hasta habría roto el techo de cristal en El Rastrojo, su pueblo natal, siendo la agenta municipal, como lo expresó alguna vez.
Quizá no, pero quizá sí, también habrían sido madres, como marca la costumbre, el mandato, el deber ser, aún en nuestros días y pese a todos los avances tras una lucha milenaria de las mujeres.
Esa sería una aproximación a la historia de vida de las hermanas Ortiz Ramírez, indígenas de la etnia triqui, asentada en la región de la Mixteca oaxaqueña. Expulsión de sus habitantes relacionada con opresiones como la pobreza y la violencia, las discriminaciones de género, además de las condiciones agrestes de sus tierras.
De acuerdo con Mercedes Olivera Bustamante (1934-2022), antropóloga feminista, la pobreza se vuelve parte de la subordinación de género, de clase y de etnia.
Condiciones que las hermanas Daniela y Virginia reunían y que se tradujo en discriminación sistemática, resumida en una triple opresión por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.
Y había más. Ellas, como otras muchas mujeres triquis, nacieron en medio de una “guerra”, un conflicto interétnico que dividió al pueblo para beneficiar a caciques priistas, explotadores que no entendieron ni entienden nada sobre la dignidad humana.
Ellas, Virginia y Daniela vivieron en medio del miedo, de la injusticia; sus cuerpos, como sucedió con sus ancestras, se convirtieron en botín de guerra, en el festín de los vencedores, institucionales como el Ejercito mexicano (el ejercito del pueblo) y de grupos paramilitares que fueron llevados a la zona por los caciques.
Ni perdón ni olvido, es la frase que se repite. Y ha sido Emelia Ortiz García, prima de Daniela y Virginia, quien sostiene viva la memoria de las dos jóvenes. Este viernes 5 de julio, se cumplen 17 años de la desaparición de la maestra bilingüe, integrante de la Sección 22, y de su hermana, estudiante de secundaria.
Para recordar la atrocidad y no olvidar que la justicia no llega, Emelia Ortiz García, defensora de derechos humanos del pueblo triqui, presentó en el IAGO a las 12:00 horas un libro memorial: “Quiero a mis primas de vuelta…y quiero paz”.
Daniela y Virginia fueron desaparecidas mientras viajaban en un taxi desde El Rastrojo a la población de San Marcos Xinicuesta, el recorrido entre una y otra población sería de alrededor de dos horas y media y lo harían en al menos dos taxis colectivos, el transporte que se emplea para trasladarse entre comunidades cercanas en Oaxaca y en otras entidades del país.
Virginia debía ir a San Marcos para recoger sus pertenencias, ya no daría más clases en esa población, porque había logrado un cambio, una permuta, para establecerse en La Luz Llano Nopal, más cerca de su casa familiar.
Media hora después de tomar el segundo taxi, entre Putla y Juxtlahuaca, cuatro hombres interceptan el vehículo para subirlas por la fuerza a una camioneta.
Fue al pasar sobre la carretera federal que atraviesa Santiago Juxtlahuaca, cuando algunas personas observan a las jóvenes desesperadas y, además, reconocen a los captores: Miguel Ángel Velasco Álvarez, Francisco Herrera Merino, Timoteo Alejandro Ramírez y José Ramírez Flores.
Algunos de ellos habían sido señalados un año antes de haber violado de forma tumultuaria a una niña de 13 años. Eran, sin duda, pájaros de cuenta con licencia de las autoridades que no hacen su trabajo: crimen que no se castiga, crimen que se repite.
La justicia es lenta y además incompleta, está lejos del precepto de justicia pronta y expedita. Miguel Ángel y Francisco fueron detenidos, uno en diciembre de 2011 y el otro en enero 2012. T
imoteo Alejandro fue asesinado el 20 de mayo de 2010, en su casa de Yosoyuxi Copala. El primero sigue en prisión, el segundo fue liberado en 2018 por una jueza de nombre María Concepción Sánchez Loyola.
José sigue sin pagar por su delito, en algún momento la justicia federal lo liberó de la orden de aprehensión, pero otra parte de la justicia dijo no, así que desde 2014 la orden de aprehensión sigue en pie y está “prófugo”, es decir, tranquilo en su casa en Guadalupe Tilapa.
Solo resta decir, que los cinco procuradores y tres fiscales que han “intervenido” en el caso han sido una nulidad.
Uno de ellos, Evencio Nicolás Martínez Ramírez – prófugo de la justicia desde 2019 por la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz-, lo recuerdo burlándose de la familia Ortiz Ramírez.
Aunque sin excepción de ninguno, todos con su actuar omiso, negligente y corrupto, refuerzan la discriminación de género, clase, etnia, edad, condición económica, ubicación geográfica y otros factores y, en consecuencia, violando derecho humanos, el acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas; de Antonia, la madre que vio partir a sus hijas en un taxi hace 17 años, de la abuela Gregoria que murió sin volver a ver a sus nietas y del resto de la familia que sostienen esperanza entre sus manos, sin duda, una difícil tarea que se ha vuelto costumbre en México.
*Periodista y activista feminista.
