Néstor Y. Sánchez Islas
Tratando de legitimar el desastre de la política de abrazos y no balazos que ha dejado un reguero de sangre, cadáveres y desaparecidos, el presidente lanza su famoso Plan C de reforma al Poder Judicial Federal en la búsqueda de distraer sobre su fracaso y de la apropiación de la sobrerrepresentación en el conformación de la nueva legislatura federal.
Solo que parece que el blanco de su ataque está equivocado. De todo el sistema judicial que abarca desde los policías preventivos, el ministerio público, los agentes judiciales, los jueces, magistrado, ministros de la corte y personal de las prisiones eligió atacar a los jueces en lugar de atender las causas que son dos: Una es claramente el Ministerio Público que es el origen de la mala investigación e integración de carpetas de investigación. Las Fiscalías son cloacas de corrupción. El otro blanco debería ser el propio Congreso por que son los legisladores los que han creado las leyes sobre las que funciona todo el aparato de justicia y, en afán de servir al amo en turno, los serviles han creado leyes y procedimientos a modo del presidente y no de la gente que clama justicia en este país.
Se lanza el Plan C contra los privilegios del Poder Judicial, que si existen, pero que también los gozan los legisladores, gobernadores y burocracia dorada. Lo que realmente hace mucha falta y no atiende es en proporcionar a todas las fiscalías de los recursos necesarios para que funcionen adecuadamente, que es obligación del Congreso. La Fiscalía de Oaxaca no tiene recursos ni para hojas de papel, ni para contratar a suficiente personal ni mucho menos de dotarlos de los recursos necesarios para atender una necesidad primaria de toda sociedad: la búsqueda de la justicia. Esta falta de recursos es una de las causas de que, para que cualquier agente mueva un dedo, haya que darle una retribución. Si no la tienes, la investigación nunca avanzará. Los MP son los especialistas en hacer arreglos con la parte adinerada del problema para evitar llegar a las instancias judiciales.
Si bien Oaxaca no encabeza las listas de impunidad, el grado de ella es altísimo. La cifra negra ronda el 95%de los delitos denunciados. Si se tomara en cuanta la cifra de los no denunciados el porcentaje se acercaría el 100%. Y la gente no denunciamos porque sabemos que obtener justicia en este país es casi imposible.
El Plan C es una ocurrencia y no la búsqueda de una solución al agravio moral que la sociedad padece: justicia. La impunidad es la ausencia del Estado y el abandono de las víctimas. A menos que lo hagan por propia mano, nunca la tendrán. Toda la rabia y dolor social es una bomba que estalla todos los días en calles a las que bloquean como una forma de llamar la atención de fiscalías insensibles, omisas y corruptas.Esta rabia social es la que deslegitima la popularidad presidencial y, ante la evidente incapacidad, eleva la desconfianza que tenemos en un gobierno incapaz de darnos los estándares mínimos de seguridad y un Estado de derecho. La falta de orden público lacera a una población ya demasiado agraviada por la eterna impunidad en nuestro país.
Y cuando hablamos de impunidad se nos viene de inmediato la imagen del rico comprando la justicia. En el caso de Oaxaca no solo son ellos, sino también la de toda la clase política y de los sindicalizados que la disfrutan. Como olvidar todos los desmanes de la Sección 22, APPO, normalistas y organizaciones parásitas que delinquen abiertamente sabiendo que no recibirán castigo. La existencia de un cártel del despojo es prueba de la impunidad que padecemos.
La demolición del Poder Judicial es vista con buenos ojos debido a la mala reputación que tiene la Suprema Corte ante la gente de a pie. En todo caso y sí por su reputación y percepción los juzgamos en lugar hacerlo por sus resultados, la reputación de los legisladores y funcionarios, muchos de ellos tránsfugas partidistas, es mucho peor y están ahí, cínicamente como si nada y llenos de privilegios.
¿Y qué hay de una reforma del Poder Judicial local? Se sabe que los jueces del ámbito estatal, en los casos relevantes, están sometidos al poder político y, con mucha seguridad, solicitan o reciben línea para otorgar sus fallos en un sentido u otro. En pocas palabras, la lógica política sexenal será la que dicte la procuración de justicia estatal.
El Plan C es venganza y ocurrencia y por ello hace nada contra las fábricas de culpables que son las Fiscalías. La FGR ha sido exhibida como instrumento de venganza personal de su titular y órgano de espionaje y persecución política. La Fiscalía de la Cdmx fue convertida en el brazo persecutor a modo de las necesidades del partido y su exfiscal premiada con la Consejería Jurídica de la presidenta.
Más grave aún que el Plan C está hoy la intención de dar a Morena una sobrerrepresentación en el Congreso que no obtuvo en las urnas. Ese tema merece nuestra atención.
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