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Servidores de la Nación violaron la ley al entregar apoyos: TEPJF

por Agencia Zona Roja

Redacción/Zona Roja Cdmx.

Ciudad de México, 28 de diciembre de 2019.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó ayer que durante la ejecución de los programas sociales del gobierno federal, 36 funcionarios, entre delegados, subdelegados regionales y servidores de la nación, violaron el artículo 134 constitucional, al utilizar recursos públicos para realizar promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero en su resolución aprobada por mayoría, los magistrados de la sala regional especializada no atribuyeron ninguna responsabilidad del hecho al mandatario, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y al coordinador de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, Gabriel García Hernández, ya que no existen hechos propios que les puedan ser reprochables en la ejecución de las conductas señaladas.

También exoneraron al Partido Morena de alguna responsabilidad en el caso, toda vez que no se acreditó su participación.

Los integrantes de la sala especializada acordaron dar vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal y a la titular de la misma, para que determine lo correspondiente.

La queja contra la actuación de los servidores de la nación fue interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual anunció que impugnará el fallo ante la Sala Superior del TEPJF, pues estimó que debe castigarse a los funcionarios exonerados, por ser los autores intelectuales del funcionamiento de esa estructura.

En su denuncia, el partido del sol azteca precisó que los funcionarios responsables de la ejecución de los programas sociales realizaban promoción personalizada de López Obrador, toda vez que en su indumentaria llevaban el nombre del mandatario y atribuían a él la indicación para entregar los apoyos.

La sala regional especializada determinó que sí se vulneró el artículo 134 constitucional, pues se detectó un uso indebido de recursos públicos para realizar propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada durante el otorgamiento de los respaldos, por parte de los funcionarios involucrados en los proyectos sociales.

(Con información de “La Jornada”)

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