Isidoro Yescas*
Hace poco menos de un año, poco después de la primera incursión violenta a San Miguel El Grande, Tlaxiaco, presumiblemente por habitantes de Llano Guadalupe, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno, pareció encontrar un mecanismo institucional idóneo para prevenir y reducir los niveles de conflictividad y violencia agraria en la entidad mediante la creación del Grupo de Inteligencia y Coordinación Agraria para la Paz en Territorio, integrado por representantes de los sectores agrario, justicia y gobierno de los gobiernos estatal y federal.
Poco se ha sabido desde entonces sobre lo que ha hecho dicho organismo, -creado con demasiada prisa- para pacificar a los pueblos, pero por la agresión que de nueva cuenta han sufrido los habitantes de San Miguel El Grande todo parece indicar que han podido mas los intereses caciquiles y de talamontes de la región mixteca que las buenas intenciones y promesas de aplicar la ley de parte del gobierno jarista.
Que en estos días nuevamente desde el Palacio Primaveral muestren cara de preocupación e interés por reencauzar legalmente un conflicto agrario-penal no garantiza que finalmente se castigue a los autores materiales e intelectuales de los homicidios derivados de la propia omisión y/o complicidad oficial .
En todo caso habría que asumir que la reacción gubernamental para ahora sí ponerse las pilas y aplicar la ley es consecuencia de la intensa campaña de denuncia mediática encabezada por la cineasta originaria de San Miguel El Grande, Angeles Cruz, y del coro de voces que se han alzado a nivel nacional para solidarizarse con la causa de su pueblo.
Las cifras en cuanto al número de conflictos agrarios que se tienen documentados en la entidad son muy altas (400 se decía en el pasado sexenio, hoy se afirma que suman 283),que en su mayoría se litigan en oficinas y tribunales agrarios.
Sin embargo 23 de estos conflictos oficialmente se consideran como de alto riesgo, es decir que requieren atención urgente.
Y entre estos últimos aparece el conflicto entre San Miguel El Grande y Llano Guadalupe, del distrito de Tlaxiaco.
No es, habría que aclarar, un asunto propio del gobierno primaveral pues se trata de un problema de límites que, como muchos otros casos, lleva décadas sin ser resuelto. Sin embargo, sí es responsabilidad del gobierno en turno que, ya por ineficacia o complicidad de alguno o algunos de sus funcionarios, un viejo conflicto agrario derivara en uno de carácter penal que debe ser esclarecido y castigado.
Pretender ocultar su gravedad y asumir que todo es producto de una campaña negra con tufo futurista resulta de poca ayuda para un gobierno que se reclama de izquierda. Tampoco resulta útil la descalificación sistemática de sus adversarios, que en ese papel se colocó a Angeles Cruz cuando fue agredida en el auditorio Guelaguetza y luego se le pretendió exhibir como una tonta útil.
En fin, vale la pena que este y otros casos que vienen de atrás y cuya solución se sigue posponiendo ( vgr. Chimalapas, la sangrienta disputa entre MULT, MULTI y UBISORT, etc) se tomen en serio y encuentren un canal de solución institucional.
Paz ,diálogo y cero simulación se ofreció hace dos años, cuando el PRI salió del Palacio de Gobierno. Que no nos gane la noche para empezar a cumplir la palabra empeñada.
*Maestro en Sociología.
X: @YescasIsidoro
