Raymundo Morales/Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 22 de agosto de 2024.- “¿Cuál es el delito por el que se nos acusa?, el único delito que hemos cometido como cristianos es tener una fe diferente”.
El reproche fue de un grupo de representantes de la iglesia evangélica en el estado de Oaxaca, que lamentó la tardanza de las autoridades estatales para atender la problemática en la comunidad de Cerro Cajón, agencia de San Isidro El Arenal, municipio de San Juan Lalana.
En conferencia de prensa al pie del monumento a don Benito Juárez, ubicado en el cerro del “Fortín” de la ciudad de Oaxaca, lamentara que a 10 meses del inicio de los hechos violentos, el gobierno ha minimizado las denuncias.
“Las autoridades, sobre todo la Dirección de Asuntos Religiosos (de la Secretaría de Gobierno), propuso que todo bajáramos de internet las denuncias y que ellos actuarían; han pasado 10 meses que nuestros hermanos están sufriendo, 10 meses viviendo en la zozobra y se agravó el 6 de agosto cuando quemaron el templo, despojando a hermanos de todo, destruyendo todo.
“Se han cometido delitos que en otro lugar ya se hubiera ejecutado una sentencia, lo lamentable es que no hay cumplimiento en la presente administración.
“Somos respetuosos de las autoridades pero no podemos dejar de señalar que han minimizado el problema diciéndonos que no ha pasado nada, que han tratado de hacernos ver como una minoría cuando el pueblo cristiano es muy numeroso y de manera específica en la zona chinanteca”, expusieron los integrantes de la Confraternidad de Pastores Evangélicos.
Dieron a conocer que se han brindado todas las pruebas acerca de las agresiones, con la finalidad de que se actúe a la brevedad.
Con respecto al argumento de la Secretaría de Gobierno de que canceló el martes la reunión por una protesta de evangélicos en la comunidad de San Lorenzo, Lalana, informó que no fue tal, sino únicamente una manifestación pacífica que no tenía nada que ver con reclamos, sino la petición de atender a la brevedad la problemática.
Expusieron que al menos 13 personas, de cuatro familias, se encuentran desplazadas en otras comunidades, por el riesgo de sufrir más agresiones.
