Soledad Jarquín Édgar*/SemMéxico
Agosto es un mes donde han ocurrido cambios legislativos y burocráticos que están relacionados con el fenómeno del feminicidio en Oaxaca.
Un 12 de agosto de 2012 se aprobó la tipificación de delito de feminicidio, que había estado en “análisis” del congreso local durante un año. Una propuesta que había sido impulsada por las organizaciones de la sociedad civil y feministas que desde los noventa salieron a las calles para protestar, como una forma de denuncia y alerta, frente a lo que sucedía en Ciudad Juárez, Chihuahua, que detonó mirar estos crímenes desde una perspectiva distinta.
Incluso organizaciones como el GES Mujer y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca han realizado un recuento de los asesinatos violentos cometidos contra mujeres, el cual han ido perfeccionando con el paso del tiempo y la adquisición de nuevas herramientas. GES Mujer empezó a documentos los casos en 1995 y el sistema se digitalizó en 2006, mientras que en Consorcio Oaxaca empezó esta labor documental en 2006, poco después de que el fenómeno de asesinar mujer por ser mujeres se empezó nombrar como feminicidios.
Seis años después y ante la falta de resultado la Secretaría de Gobernación emitió un 30 de agosto de 2018, una alerta por violencia de género contra las mujeres en seis municipios de la Mixteca, tres de la Cañada, cinco del Istmo, dos de la Sierra Sur y dos más de la Sierra Norte, diez municipios de la Costa, ocho de Valles Centrales y cuatro el Papaloapan.
Sobre esta alerta hay mar de historia. Primero es un llamamiento a las autoridades para que cumplan con su trabajo, como resultado de las muy altas cifras de casos de violencia; luego vino una especie de regateo de las autoridades locales, bajo en mandato ejecutivo priista de Alejandro Murat Hinojosa, para no cumplir con las medidas y sí ejecutar una serie de actos de simulación, con el resultado que todo el mundo conoce. Fue el sexenio donde más asesinatos violentos se cometieron, registrados por las organizaciones de la sociedad civil: 718.
Ya con el gobierno de Salomón Jara Cruz podemos decir que, de enero a agosto del 2023, Oaxaca se había colocado en el quinto lugar por el número de feminicidios cometidos, lo que lleva a pensar que en ese momento el problema se podía considerar como grave, como lo es ahora, porque no podemos descartar otra cosa, considerando que en menos de dos años han ocurrido 181 asesinatos violentos de mujeres. Porque a pesar de que las fiscalías estatales, quienes reportan los casos al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública siguen rasurando las cifras y descartando feminicidios para considerarlos homicidios dolosos, y reportan en promedio solo el 25 por ciento de los casos, lo cierto es que las cosas andan muy mal.
A 12 años de la tipificación del delito de feminicidio en Oaxaca, la prevención sigue brillando por su ausencia, la atención a las víctimas es un calvario, la sanción es el gran pendiente porque la impunidad es lo que existe, y la erradicación del problema es un fantasma que sigue recorriendo los 40 municipios de la entidad considerados por la alerta emitida hace seis años y claro en los otros 530 que conforman la entidad.
Desde hace seis años cuando la Secretaría de Gobernación federal anunció con bombo y platillos la alerta de violencia de género contra las mujeres, el 30 de agosto de 2018, han ocurrido 683 asesinatos violentos contra mujeres en Oaxaca, lo que demuestra lo dicho en el párrafo anterior.
En suma, los hechos se ven con los resultados. Y aquí no hay ninguno.
*Periodista y activista feminista.
