Adrián Ortiz Romero*
Qué tardías son las medidas que anunció el gobierno estatal respecto a los abusos que se cometen en los municipios conurbados a la capital oaxaqueña, a través de las corporaciones municipales. Después de la muerte de un joven estudiante, a manos de un elemento de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, el Gobierno del Estado anunció diversas acciones que deben ir mucho más allá del solo control de crisis, y que deben comenzar por el reconocimiento de que, por su propio descuido, en los municipios aledaños a la capital el funcionamiento de las corporaciones de seguridad pública se había convertido en un auténtico festín de corrupción, excesos y abusos en contra de la ciudadanía.
En efecto, el pasado 23 de enero nos referimos en este espacio al tema. Titulamos así aquella entrega: “Inadmisible, que el gobierno estatal pase por alto los excesos que cometen los municipios conurbados en contra de los ciudadanos”. Apuntamos entonces lo siguiente: “En docenas de casos, en redes sociales se documentan cotidianamente los excesos que cometen (las policías municipales) al amparo de su supuesta reglamentación municipal, o peor aún de la supuesta autonomía municipal. Así, hemos visto cómo elementos de las corporaciones municipales privan ilegalmente de la libertad, y sin mediar explicación o razonamiento alguno, a ciudadanos que están reclamando por lo que consideran una violación a sus derechos; cómo han hecho cosa de todos los días la instalación de retenes con fines eminentemente recaudatorios en contra de automovilistas o motociclistas; o cómo incluso imponen sanciones y retienen documentos vehiculares, cuando esta es una conducta expresamente prohibida por la legislación vigente…”
Y apuntábamos: “Hasta ahora, todo esto ha pasado inadvertido por la autoridad estatal, que simplemente ha decidido no ver, ni involucrarse, frente a este tipo de conductas que cada vez son más reiteradas y, sobre todo, más descaradas por parte de las autoridades municipales. El Gobernador del Estado no se ha referido una sola vez al tema, y la Secretaría de Gobierno, dependencia encargada de la política interna de la entidad —cuestión genérica entre la que se encuentra la relación institucional con los municipios—, parece haber estado demasiado ocupada atendiendo conflictos y malabareando frente a la convulsa realidad oaxaqueña, que para el ámbito estatal es simplemente un problema inadvertido, cuando sí debería ser su responsabilidad atenderlo”.
Lamentablemente, como reza el refrán, ya hay un “niño ahogado” (terriblemente, fue un joven al que arteramente le arrebató la vida un policía municipal en un retén del llamado alcoholímetro en Santa Lucía del Camino) y ahora quieren tapar el pozo. Todavía el fin de semana, el obtuso Ayuntamiento de esa demarcación intentó justificar la conducta mintiendo. Aseguraban que dos de sus elementos se encontraban en terapia intensiva y, revictimizando a las víctimas directa e indirectas, dejaba suponer que todo había ocurrido por la conducta de la persona que fue privada de la vida y sus acompañantes.
Fue la obvia indignación de toda la sociedad oaxaqueña, la que hizo que el domingo el también obtuso edil Juan Carlos García Márquez, reconociera la responsabilidad y anunciara que tanto el elemento responsable como toda la corporación estaban a disposición de la Fiscalía de Justicia. Y fue hasta ayer que, ante la inminencia del posicionamiento del gobernador Salomón Jara sobre el tema, García Márquez anunciara la renuncia de su titular de seguridad pública, y el cese de todos los involucrados en el hecho.
AQUELARRE DE CORRUPCIÓN
Los operativos viales son un verdadero festín para los ayuntamientos de los municipios conurbados. ¿No se sabe de los abusos que comete el Edil de Santa Cruz Amilpas Christian Baruch todos los días en contra lo mismo de conductores ebrios, que de motociclistas y de la ciudadanía en general? Todo el mundo lo sabe. ¿Y de las aberrantes violaciones a la legalidad que todos los días cometen los policías de Xoxocotlán quitando placas y documentos a los automovilistas a diestra y siniestra con tal de que paguen multas ilegales? Se ha sabido siempre.
Y la lista puede hacerse amplia porque ocurre lo mismo en Santa Lucía del Camino, San Jacinto Amilpas, San Antonio de la Cal, Atzompa, y la mayoría de los municipios conurbados a la capital. ¿Se sabe cuánto cobran en Santa Lucía por recuperar un vehículo retenido en el alcoholímetro? No menos de 15 mil pesos, que se negocian y se pagan directamente en la oficina del Presidente Municipal, y no de la tesorería.
Llegan a casos tan extremadamente descarados, que en municipios como San Antonio de la Cal, en el mismo retén le cobran cantidades igualmente exorbitantes a los conductores, por dejarlos ir. Ya ni siquiera los llevan a los separos. Sólo falta que los elementos también lleven su clip o su terminal punto de venta para cobrar ahí, lo que debería ser —impedir que un ebrio siga frente al volante— una cuestión de seguridad ciudadana.
Ante toda esta comilona de abusos y corrupción, que ya tiene una profunda huella de sangre, el gobernador Jara anunció que los municipios dejarán de aplicar operativos y que éstos los tomará la Policía Vial Estatal. Más tarde, el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero “lamentó que esta iniciativa, que en su origen buscaba evitar accidentes y pérdidas de vidas humanas, se convirtió en un medio de recaudación y extorsión en los municipios”.
EPITAFIO
Lo que debería también reconocer el secretario Romero, es que esas prácticas ocurren en municipios de extracción morenista, comenzando por Santa Lucía del Camino. En aquella entrega de enero lo señalábamos haciéndonos las siguientes preguntas, que hoy lamentablemente ya tienen una respuesta: “¿Acaso son tantos los débitos políticos para tolerar tanta ignominia? ¿Acaso creen, tanto en el gobierno estatal como en los municipios, que esos excesos no tienen un costo político? ¿No les importa vivir en el descrédito y en la ilegalidad frente a la voracidad recaudatoria? ¿Acaso los municipios no tienen formas menos agresivas, legales e incluso ingeniosas para hacerse de mayores recursos, pero sin escupirle en la cara al ciudadano?”.
El escupitajo, lamentablemente, fue de sangre.
*Abogado y periodista.
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