Soledad Jarquín Édgar*/SemMéxico
La polarización, por razones “étnicas y de clase” que atraviesa desde hace siglos a la población mexicana, se ha recrudecido en los últimos años, gracias a la verborrea de un presidente que encontró entre los fifís y chairos, entre los privilegiados y los que menos tienen, un espacio para ahondar profundamente las diferencias, hay que asumir las consecuencias y las responsabilidades, pero, sobre todo los peligros.
La ejecución extrajudicial de un joven de 22 años en la zona metropolitana a la capital de Oaxaca ha desatado indignación y no es para menos. El muchacho fue asesinado mediante un disparo a “quemarropa”, tras una persecución de policías municipales de Santa Lucía del Camino, ubicado a 15 minutos del zócalo de la ciudad de Oaxaca.
Antes de ser ejecutado de forma extrajudicial, Diego Ignacio Paz, estudiante universitario de 22 años, al pasar por un retén policiaco o alcoholímetro, cuya operación es responsabilidad de quien gobierna ese municipio, Juan Carlos García Márquez, a través de la corporación municipal de policía vial, este joven y su acompañante son violentados por los policías que, de acuerdo a la versión de la familia y amigos, pretendían ser extorsionados por los policías.
Por cierto, se espera, se piensa y se cree que el edil pida licencia de su cargo de forma indefinida, bueno eso quisiera la ciudadanía, aunque el sigue empeñado en no hacerlo, mientras el Congreso de Oaxaca anda a tientas y con muchas contemplaciones en su actuar contra este munícipe y otros que han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de las personas.
Imagínese usted frente a un grupo de policías, cuántos fueran, iniciando el “diálogo” con estos jóvenes que viajaban en un auto cuya marca es considerada de lujo. Sin duda tenían miedo porque seguramente no escucharon nada que les diera tranquilidad, es muy probable que estos elementos pasaran de las palabras fuertes o altisonantes a los manotazos y a la pretensión de sacarlos de auto.
El pánico se apoderó de los chicos. No hay otra forma de explicar el hecho de que para ellos lo mejor sería acelerar el vehículo, lo que provocó atropellar a dos de los elementos policiacos. Algunos de los policías atienden a los dos heridos, mientras el resto hacen llamados a otras unidas para alcanzar en persecución a Diego y compañía. Los elementos de “seguridad” muy encabronados les dan alcance, los bajan, los golpean y uno de ellos, saca su pistola, dispara y lo mata. El otro chico también fue severamente golpeado por los policías al grado de que tuvo que ser hospitalizado y presentó amenazas serias a órganos vitales como los ojos. Después fueron arrojados en un sitio denominado Las Canteras.
Esta no es la primera vez que policías de ese municipio ejecutaban a una persona, hace siete años fue ejecutado Zeferino Soriano Morales, de 35 años de edad, cuyos hechos ocurrieron un 6 de agosto de 2017, cuando procedente de Francia, donde tenía radicando cuatro años, se topó con estos policías. Su cuerpo fue encontrado en una fosa común, aunque la ejecución ocurrió en los separos de dicho grupo policial y donde lo dejaron morir desangrado, según relata la periodista Citlalli López, en el diario local Noticias. Un solo policía enfrenta el proceso judicial, explica su viuda Natalia Andrade Villanueva, pero ya sabe como es la justicia en este país, el proceso está plagado de irregularidades. Nada raro, es lo común y lo corriente.
Y planteo la polarización porque hay un dejo, un desdén de alguna parte de la sociedad que cuestiona varias cosas que deberían pasar inadvertidas, como el hecho de que Diego estudiaba en una escuela privada, que el auto en el que viajaba era de lujo, que seguramente había bebido alcohol, que era un niño rico… Mientras, supuestamente la familia de los policías hospitalizados, piden en una carta en redes sociales que se les vea como víctimas también. Sin duda, una perspectiva equivocada, porque son victimarios de un hecho que terminó en tragedia.
De verdad que nada ni nadie puede justificar este crimen, una ejecución extrajudicial en contra de Diego o de cualquier otra persona. Las fuerzas de seguridad, llámense policías federales, estatales o municipales, incluyendo las viales, la Guardia Nacional o el Ejército no pueden seguir cometiendo estos delitos que han dejado una huella de dolor profundo en este México donde la polarización nos sigue dividiendo porque así es más factible mover y conducir a la masa, una permanente tentación de quien gobierna.
En Oaxaca empiezan a tapar los hoyos, al menos los municipios conurbados de la ciudad de Oaxaca, donde por cierto están ubicadas cantinas, bares y centros de divertimento de hombres, no podrán instalar alcoholímetros. Estamos por ver que cumplan.
*Periodista y activista feminista.
