Isidoro Yescas*
Nunca en la historia contemporánea de México un presidente de la república concentró tanto poder y popularidad como Andrés Manuel López Obrador al punto que, a contrapelo de su estilo personal de gobernar y los yerros de su administración, logró sentar las bases para avanzar en el diseño de un nuevo régimen, expresado en la eliminación de contrapesos institucionales, el control absoluto del poder legislativo por la vía de la construcción de mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la captura del Poder Judicial a través de su controvertida reforma constitucional, la reducción a su mínima expresión del PAN y el PRI como fuerzas dominantes de las oposiciones partidistas y, en síntesis, en el diseño e instauración de un nuevo entramado jurídico-institucional para apuntalar así una nueva hegemonía.
Se trata de un proceso de cambio de alto impacto social y político iniciado en el 2018 y que en el último tramo del sexenio obradorista se aceleró con dos reformas más: la que formaliza la subordinación de la Guardia Nacional a la Sedena y la reforma indígena.
Esta nueva hegemonía ya tiene en su haber logros indiscutibles en materia de política social que, entre otras cosas, ha reducido la pobreza económica y laboral de un importante sector de mexicanos (as), pero es claro también que hace falta valorar los alcances y límites de las políticas y programas insignias del sexenio y los impactos (positivos y negativos) de todas sus reformas legales y constitucionales agrupadas en el llamado Plan C, tanto a nivel nacional como en sus expresiones subnacionales, pues es en este segundo nivel en donde se han observado mayores contradicciones, omisiones y hasta distanciamientos entre las políticas obradoristas y un ejercicio del poder mas cercano al viejo régimen de gobernadores, presidentes municipales, dirigentes políticos y legisladores morenistas.
Por ejemplo, si desde el gobierno federal se observaron avances muy limitados en el combate a la corrupción, en los gobiernos locales de la 4t generalmente solo hubo cambios de mano y hoy el atraco al erario público tiene otros nombres y beneficiarios. Sobran denuncias públicas de servidores públicos(as) que se enriquecieron en el ejercicio del cargo y de quienes lo siguen haciendo desde los poderes ejecutivo y legislativo y los gobiernos municipales.
Ocurrió lo mismo con la transparencia y rendición de cuentas , una obligación constitucional no atendida o solo cumplida a medias y bajo presión de los medios de información y las denuncias de organizaciones de la sociedad civil. Y como ya se advierte ante la inminente desaparición del INAI y de los órganos de transparencia a nivel estatal, la opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos seguirá en ruta ascendente si no se generan mecanismos alternos de rendición de cuentas y fuera de la órbita del control gubernamental.
Sin duda, la gran deuda heredada de dos sexenios anteriores ,y que con el obradorismo tocó fondo, fue la violencia y la inseguridad. Las propias fuentes oficiales como el INEGI o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron cuenta año tras año (del 2018 al 2024) de un crecimiento exponencial de la inseguridad pública en prácticamente toda la república mexicana y, casi en forma paralela, del empoderamiento de cárteles y bandas del crimen organizado, sin que desde el gobierno federal, y mucho menos desde los gobiernos estatales y municipales, se registraran respuestas eficaces y contundentes para frenar o revertir el problema.
Hoy, con una reconfiguración del poder político cargada casi totalmente del lado de los gobiernos y legislaturas de la 4T (empezando por la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores) están a la vista la oportunidad para otorgarle prioridad al combate a la inseguridad, abatir los rezagos educativos y de salud pública, fortalecer las políticas y programas sociales instaurados por el obradorismo y dar pasos sustanciales en materia de combate a la impunidad y corrupción, desarrollo y crecimiento económico y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
La continuidad de la 4T debe servir para que el voto ciudadano que aseguró el arribo a la Presidencia de la República de Claudia Sheinbaum y la continuidad de los gobiernos de la 4T no se quede en el mero ejercicio de un derecho político sino que transite hacia nuevos modos y formas para ejercer el poder, desde el centro y desde los gobiernos subnacionales.
*Maestro en Sociología.
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