OPINIÓN/ZONA CRÍTICA
Ismael García M./Zona Roja.
Oaxaca de Juárez, Oax., 6 de enero de 2020.- La excesiva criminalidad en Oaxaca tiene que ver con un escenario nacional, donde los grupos de la delincuencia organizada ocupan día con día más territorios de forma violenta. Y están también excesivamente empoderados, luego que el Estado cedió a Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”, por indicaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de esta entidad, dan cuenta de la situación 11 asesinatos perpetrados a balazos, entre ellos de dos mujeres, así como una docena de policías retenidos, en los primeros cuatro días del año 2020.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa de la ola criminal en Oaxaca en los primeros 11 meses del 2019: 41 mil 626 delitos de todo tipo; de ellos, siete mil 417 que atentan contra la vida y la integridad corporal.
De estos últimos, mil 673 homicidios, de los cuales 914 son del tipo doloso; junio y octubre, los picos más altos, con 94 casos cada mes.
Para ilustrar y comparar esos datos, están las cifras de todo el año 2018, el segundo de gobierno de Alejandro Murat: 41 mil 989 delitos en general; de ellos, siete mil 807 que atentaron contra la vida y la integridad corporal.
De estos últimos, en los 12 meses sumaron mil 743 homicidios, de los que 983 fueron del tipo doloso; el pico más alto, abril, con 103 casos.
Para cerrar, las cifras del 2017, el primer año de gobierno del actual mandatario: 31 mil 928 delitos en general, de los que seis mil 405 fueron en contra de la vida y la integridad corporal, y de los cuales mil 662 fueron homicidios; de éstos, 855 fueron del tipo doloso.
¿La frialdad de las cifras refleja la realidad? Sí, porque evidencian a las propias autoridades que presumen continuamente la baja de la criminalidad; no, porque solamente son delitos denunciados ante un ministerio público de la Fiscalía General del Estado; la mayoría no son denunciados, es decir, hay una enorme cifra negra.
Esos datos dan cuenta de la creciente ola violenta en la entidad, sin que ninguna autoridad, ni federal ni estatal, haga algo. Pero también reflejan el grave deterioro de las instituciones y de sus representantes, es decir, los titulares de las dependencias responsables.
En los primeros dos años y medio de Murat Hinojosa, estuvieron a la cabeza los coahuilenses José Raymundo Tuñón y José Aniceto Saldierna, marinos que se dedicaron a otra cosa menos a cuidar la seguridad; el primero, en sus permanentes líos de faldas y maritales, que se ventilaron públicamente; el segundo, su afición por los caballos pura sangre, a los que dedicó la mayor parte de su tiempo.
A eso se le suma la constante fricción que mantuvieron con el fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, y áreas de inteligencia como el Cisen y administrativas, como la Secretaría General de Gobierno.
El 25 de junio de 2019, hace más de medio año, hubo un golpe de timón, pero no por decisiones estratégicas, sino por pleitos internos; el grupo que encabezaba José Manuel Vera Salinas fue desplazado por ex federales.
Raúl Ernesto Salcedo, con 20 años de experiencia en espionaje pero ninguna capacidad en materia policial, llegó a la Secretaría de Seguridad, en el marco de un enfrentamiento armado de transportistas, con saldo de dos muertos.
El 3 de julio arribó a la Policía Estatal Raúl Antonio Castillejos Solís, de quien no se sabe absolutamente nada desde hace seis meses; ni siquiera encabeza operativos y la tropa no le obedece. No tiene ningún poder de mando, como tampoco Raúl Ernesto Salcedo.
Tras ello, de manera discreta hubo una designación, de quien es el rey sin corona: Guillermo del Pozo, con experiencia en asuntos financieros pero absolutamente desconocedor del ámbito policial y de seguridad. El mexiquense es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública; fue funcionario en el Infonavit con Murat y luego coordinador de asesores del gobernador.
1.- Entonces, en la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no manda Raúl Ernesto Salcedo Rosales, sino el subsecretario de Información y Desarrollo Institucional. Él es el que toma las decisiones, el que ordena, el que acuerda con el gobernador, el que decide el destino de los recursos financieros, el que lleva las relaciones políticas con legisladores y líderes sociales. Los demás están de adorno. Por cierto, a Salcedo le pesa y le seguirá pesando las acusaciones de las víctimas de Nochixtlán de haber tomado parte en la masacre del 2016, y los cuales lo obligaron a rendir declaración ante la FGR.
2.- Las mesas de seguridad, en la que en ocasiones, casi una vez por semana, asiste el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se han vuelto tediosas. Cada mando de corporación da cuenta de algunos detalles de su área: delitos cometidos, acciones, trivialidades.
La Secretaria Técnica de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, la cuenqueña Karina Barón, también se limita a hacer anotaciones y no tiene don de mando ni mucho menos plantea estrategias de combate a la criminalidad porque, a un año en el cargo, desconoce el tema y opta por dejar las acciones en manos de la Fiscalía General de la República o de la Guardia Nacional. Su propio terruño, Tuxtepec, sufre las consecuencias.
Asisten hasta los secretarios de los secretarios o del gobernador, como es el caso de Francisco García López, que eternamente ha buscado encabezar la Secretaría General de Gobierno, y Juan Enrique Lira, empleado aún de José Antonio Hernández Fraguas, quienes también se limitan a escuchar y a anotar.
Algunas de las pocas estrategias contra la delincuencia no se deciden ahí; los mandos militares aún desconfían de los funcionarios estatales por ciertos antecedentes negativos que tienen de algunos de ellos.
Cuando el gobernador preside o acude a las sesiones, se limitan en exponer cifras positivas y halagüeñas en materia de seguridad; nadie le dice la realidad. Mesas de seguridad que han devenido en reuniones sociales de café, pues ahora acostumbra a invitar a algunos ediles y hasta sus ayudantes. Resultados: fracasos rotundos.
3.- ¿Y la Guardia Nacional? A finales de junio se implementó esta nueva corporación que no es más que de militares con un gafete con las siglas GN; ni uniformes nuevos, ni capacitación extramilitar, ni estrategias; en los primeros meses se dedicaron a tomarse la foto en escuelas y sitios turísticos; a socializar, antes que disuadir y prevenir; en los últimos meses, únicamente hacen acto de presencia una vez que se cometieron los delitos. No se ha formalizado el número de seis mil que se prometió para Oaxaca; no tienen instalaciones propias y siguen siendo y usando las áreas militares; su mando ni siquiera conoce a plenitud el estado, pues no ha recorrido las intrincadas zonas y donde mayormente se asienta el crimen organizado.
¿Resultados? Fracasos absolutos y no se prevé que haya mejorías; por el contrario, lamentablemente.
Lea la próxima semana: El fiscal no tiene quien le escriba… pero quiere que lo alaben.
