Isidoro Yescas*
En los no tan lejanos tiempos del PRI-gobierno, el gobernador Alejandro Murat solía presumir en medios nacionales que Oaxaca era uno de los diez estados “mas seguros” de México. En tiempos de la Primavera Oaxaqueña (versión zapoteca de la 4T), desde el Poder Ejecutivo no se cansan de repetir que nuestra entidad es el “quinto estado más seguro del país”.
Era y es la visión desde el poder (usando a modo los datos del SESNSP) porque la realidad revela a una entidad cada vez más violenta y violentada, en donde las declaraciones y discursos de las autoridades del más alto nivel quedan hecho añicos ante una lastimosa y preocupante espiral de violencia criminal que no parece que en el corto plazo pueda ser frenada porque, a final de cuentas, ya es un problema nacional que se viene expresando con diferentes niveles de magnitud e intensidad en ya prácticamente todo el país.
En tanto el plan nacional de seguridad anunciado en días pasados por la Presidenta Claudia Sheinbaum empiece a cobrar forma, sobre todo en lo que hace a la coordinación interinstitucional entre las corporaciones policiacas a nivel federal con las estatales y municipales, los cárteles y demás grupos delincuenciales no han dado tregua, tal como lo evidencian los hechos ocurridos recientemente en Guerrero, Chiapas y Tabasco, solo en el sur-sureste de México.
Y si bien es cierto que esa violencia criminal no se había expresado en el municipio de Oaxaca de Juárez con la estridencia registrada en el intento de asesinato del exdirigente de la CTM y empresario Marcos Sánchez, para nada puede calificarse este suceso como un “hecho eventual” (fortuito, ocasional) como lo hizo el secretario General de Gobierno, Jesús Romero, en un fallido intento para reducir a su mínima expresión una suceso explosivo que, ciertamente, no ha sido el denominador común en las disputas de plazas y ajustes de cuentas entre bandas criminales en la ciudad capital pero sí en otras partes de la entidad.
En el contexto de la ola de secuestros, desapariciones, ejecuciones y feminicidios que se han intensificado en las dos últimas semanas, nada pudo ser más lesivo para un gobierno que se esmera en publicitar a un Oaxaca seguro y con gobernabilidad que el lastimoso espectáculo de un intento de ejecución que derivó en una balacera a fuego cruzado con un saldo de seis personas fallecidas.
Y esto se produjo 48 horas después que el gobernador Salomón Jara había reconocido que el 85 por ciento de la incidencia delictiva de la entidad se concentra en 25 municipios de los Valles Centrales, Istmo y la Costa, en donde el gobierno estatal, en coordinación con las autoridades de estos municipios, buscarán reducir hasta en un 50 por ciento los delitos del fuero común. (“El Imparcial”, noviembre 7 del 2024).
Si esta meta se logra sería una buena noticia, sin embargo, es evidente que para reducir la inseguridad y violencia, y sobre todo, para combatir al crimen organizado, se requiere también de un mayor compromiso y determinación del gobierno federal, lo mismo para certificar y equipar a los cuerpos policiacos, especialmente a nivel municipal, que para llevar un cabo un intenso trabajo de inteligencia policial, tal y como ya está delineado en el plan nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Acabar con las complicidades y corruptelas entre autoridades de todos los niveles con los cárteles, células y otras expresiones de poder fáctico y criminal (ya muy activos en las regiones en donde se concentra el 85 por ciento de la incidencia delictiva) aparece también como un elemento importante para empezar a ofrecer resultados de un problema en donde Oaxaca ya tiene prendidos demasiados focos rojos, fenómeno que a nivel nacional es, sin duda, lo que más preocupa y agravia a millones de mexicanas y mexicanos.
*Maestro en Sociología.
X: @YescasIsidoro
