Néstor Y. Sánchez Islas.
“Fue un asunto casual”, declaró el secretario general de Gobierno sobre la masacre de seis individuos la noche del jueves en la capital del estado. “No son 88 feminicidios, solo fueron muertes violentas” declaró también al referirse a los asesinatos de mujeres en lo que va del año y en el contexto de las seis asesinadas en apenas una semana en la entidad.
No, no se trata de un asunto casual, se trata del colapso del Estado frente al poder del crimen organizado.
No es minimizando y tergiversando datos y cifras para diluir en las estadísticas las muertes de mujeres. Se trata de una fuerte crisis de derechos humanos que expone una grave situación de desigualdad de género y violencia estructural.
La realidad está ahí porque ésta no depende del discurso utópico del grupo en el poder. De acuerdo con la agrupación civil Consorcio Oaxaca, en los dos años de este gobierno, 162 mujeres han sido víctimas de feminicidio. Por su parte, GESMujer nos muestra datos estadísticos muy fuertes en su página web: el 66% de las mujeres han sido asesinadas a balazos, 2% desmembradas, 2% macheteadas, 8% matadas a golpes o 5% apuñaladas. Estas cifras son mucho más que números, nos hablan también del desprecio por la vida, la crueldad extrema con que actúan los asesinos, la indiferencia oficial y, por supuesto porque no puede explicarse de otra manera, de la corrupción en las fiscalías.
La descomposición social es un hecho y la indiferencia o tolerancia que aplicó el gobierno de AMLO hacia los criminales la agudizó. Podrían ser dos cosas. Que por un lado haya sido una tolerancia mal entendida o, la segunda, una política de Estado para elevar el enojo social a tal nivel que la gente justifique y acepte la necesidad de un Estado policiaco-militar que aplique soluciones autoritarias. En pocas palabras, que la gente acepte la restricción de sus libertades a cambio de mejorar la seguridad pública. Ejemplo de ello son los retenes militares y los “operativos” viales abusivos.
Las condiciones políticas y jurídicas para un régimen totalitario ya están dadas. El partido es dueño de los tres poderes de la Unión y, vía modificaciones constitucionales, ya no hay forma de defenderse ni ampararse ante las violaciones a nuestros derechos por parte de funcionarios del gobierno. Todavía no lo sentimos porque son cambios que tienen apenas unos pocos días.
Como en otros crímenes, en el caso de los feminicidios son las fiscalías el eslabón más débil. La carencia de sensibilidad y empatía de sus funcionarios es tan lacerante que terminan por revictimizar a las familias. La ausencia de profesionalismo y conocimientos científicos sobre criminalística provocan que los jueces terminen por liberar a los sospechosos, las políticas de seguridad y sus protocolos solo son documentos burocráticos que se aplican hasta que los casos se vuelven mediáticos. Los feminicidios no son un problema exclusivo de Oaxaca, aunque estamos entre las entidades con mayor cantidad de ellos. Los asesinatos de mujeres son una crisis que nos afecta a todos y no la racionalizamos hasta que nosotros o alguien cercano se convierte en víctima.
Por las cada vez más frecuentes masacres es obvio que dejaron de ser incidentes aislados de criminalidad. No debemos esperar más para cuestionar de manera enérgica lo que el gobierno está haciendo que, como lo vimos en el sexenio pasado, con ocurrencias y certezas morales trata de combatir algo que viene de lo más profundo de la maldad de una sociedad en descomposición y que no será acusándolos con su mamá como se resolverán las cosas.
El diagnóstico de que la pobreza es el origen de la criminalidad es falso en muchos casos. Los que roban por hambre generalmente reciben severos castigos por robarse un pan. Los que matan por docena viven en lujosos fraccionamientos, comen en los restaurantes más caros y gozan de absoluta impunidad.
¿Por qué el gobierno no desmantela las redes del crimen organizado? Porque le son útiles. De ellos pueden obtener financiamiento o silenciar enemigos. Con ellos pueden manipular elecciones, lavar dinero, desviar fondos a través de empresas constructoras, de espectáculos o factureras.
“Con la iglesia hemos topado, Sancho”, le dijo Don Quijote a su rechoncho escudero. El gobierno oaxaqueño acaba de toparse con la pared ante una probadita de realidad que, en menos de una semana, demolió el discurso del edén primaveral en que vivimos.
Queriendo lograr gobernabilidad a través de la manipulación de los festejos populares, intenta el gobierno estatal crear un ambiente artificial de felicidad a través de calendas, conciertos y verbenas.Ese discurso topó con pared, la dosis de realidad corrió como reguero de pólvora por los medios y las redes sociales.
Que caro estamos pagando la felicidad artificial comprada con pensiones del bienestar, festejos populares manipulados y narrativas utópicas.
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