Redacción/Zona Roja Cdmx.
Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2024.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 332 votos y 119 votos en contra, el dictamen por el que se extinguen siete organismos autónomos, parte del Plan C impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento del combate a la corrupción y la austeridad.
Durante la discusión en lo particular se hicieron modificaciones al dictamen y, de último momento, también se avaló la creación de un órgano que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para impedir que México enfrente sanciones económicas en el marco del T-MEC.
Este órgano descentralizado, cuya creación fue impulsada por Morena para «cuidar» el T-MEC, tendrá «independencia técnica y operativa», además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá difectamente del gobierno.
Asumirá las funciones «en materia de libre competencia y concurrencia» y, de acuerdo con las modificaciones aprobadas al artículo 28 constitucional, tendrá como función: prevenir, investigar y combatir monopolios y concentraciones en todos los mercados, a fin de eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.
«Es una autoridad reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio, son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, son órganos que nos van a permitir generar mayor competencia económica en el país», argumentó el diputado morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Esta nueva autoridad también podrá imponer multas, acotar periodos de investigación y llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera expedita, dijo el legislador, aunque eso no está contenido en la reforma.
En cambio como parte de ella también se aprobó que el nuevo organismo que sustituirá a la Cofece concentre las funciones del IFT en materia de preponderancia y regulación asimétrica del sector de telecomunicaciones y que el vigente Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, se mantenga sectorizado en la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.
Sin embargo, en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública -avalada la semana pasada por los diputados y dictaminada ayer en el Senado- se estableció que las funciones de la IFT se distribuirían entre la nueva Agencia Digital y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Entre críticas de la oposición, también se aprobó de último momento una reserva, no registrada originalmente, para cerrar aún más el paso a la inversión privada en materia de concesiones para la explotación de litio y establecer que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública de Estado en esa materia.
En términos generales, la Cámara aprobó reformas a los artículos 6, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución, mediante las cuales se consumó la extinción de siete organismos autónomos. La minuta fue remitida al Senado para su análisis y votación.
Se eliminaron como entes autónomos:
-Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
-Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
-Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)-
-Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval).
También los siguientes órganos:
-Comisión Reguladora de Energía (CRE).
-Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
-Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Con la eliminación de estos siete organismos se prevé sumar a las arcas del gobierno alrededor de 4,422 millones de pesos que, junto con otras economías, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Como quedó aprobada la reforma, la CHN y la CRE serán parte de la Secretaría de Energía.
Mientras, las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las de Mejoredu a la secretaría de Educación.
Respecto al Inai, sus atribuciones en materia de la política de transparencia se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a la Administración Pública Federal y a otros entes para el caso de gobiernos estatales y congresos.
(Información de “Expansión Política”)
